Diego garantiza «su patrimonio» a las familias de las viviendas con sentencia de derribo

El presidente de Cantabria ha firmado esta mañana los convenios correspondientes con los propietarios de las urbanizaciones de La Arena, en Arnuero, y Las Torres, en Escalante
El presidente Diego durante la firma del convenio. (Foto: Miguel López)
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego ha firmado esta mañana con los propietarios de las viviendas con sentencia de derribo de La Arena, en Arnuero, y Las Torres, en Escalante, los convenios que van a «garantizar el patrimonio» a las familias. Diego ha asegurado a los propietarios que pueden tener la «garantía absoluta» de que van a poder seguir en su vivienda hasta que ésta sea demolida y, antes de que se demuela su vivienda actual, habrán entrado en la alternativa, «nunca será de otra manera». El presidente ha afirmado que siempre tendrán una compensación ya sea por vía de la vivienda o de la indemnización antes de la demolición de la vivienda actual.
En declaraciones a los medios, el presidente, que ha estado acompañado por el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, y por los alcaldes de Arnuero, José Manuel Igual, y de Escalante, Juan José Alonso, ha reconocido que le resultaba «demasiado difícil expresar la sensación que se tiene en un momento como esta firma». Así, ha recordado que es muy difícil porque este problema, «que nosotros nos encontramos al inicio de esta legislatura, viene arrastrándolo Cantabria desde hace más de 20 años en algunos de los casos, sin ningún planteamiento de solución». Diego ha afirmado que para poder llegar a esta solución, como se ha hecho, se ha tenido que hacer un ejercicio «que no nos ha costado mucho, que es el de ponernos en el otro lado de la mesa, el de ponernos en el lado de las personas que desde hace tantos años vienen sufriendo».
Para el presidente, en estos tres años y diez meses de legislatura un equipo de personas, liderado por el consejero Javier Fernández, ha trabajado «con una ilusión, con  una capacidad de dedicación y esfuerzo e imaginación para plantear soluciones difícilmente imaginables». Además, ha subrayado que se ha trabajado sabiendo la responsabilidad que asume la Administración, «que era la responsabilidad que tiene de compensar daños materiales y morales a las personas que durante esos 20 años han padecido este problema».
Ahorro de 300 millones a los cántabros
Además, Diego ha añadido que también se les resuelve un problema enorme a los cántabros «a todos los  cántabros que teníamos que pagar 300 millones de euros que costaba el derribo de las más de 600 viviendas que estaban con sentencia de derribo». En este sentido, ha explicado que van a seguir trabajando  para que ese problema se minimice y más de 400 viviendas puedan ser salvadas del derribo y para que ahorremos a los cántabros «cientos de millones de euros que podrán ser destinados a la construcción de centros de salud, de colegios, de institutos, de polideportivos o para prestarles mejores servicios». El presidente ha finalizado diciendo que en este momento «experimentamos la satisfacción que proviene de un  deber cumplido, de un deber en el que hemos puesto especial ilusión y especial dedicación».
Este convenio lo han firmado 59 de 62 propietarios de la urbanización de La Arena en Arnuero. El resto, hasta 102,  son viviendas que corresponden a la constructora CENAVI. En el caso de Las Torres, en Escalante, se han firmado 28 convenios de las 32 viviendas, trasteros y garajes que componen el edificio.
Dos modelos de convenio
En la actualidad, el Gobierno de Cantabria está tramitando dos modelos de convenios con el resto de las familias afectadas por el Plan de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición.
El primero de estos convenios, el de La Arena, en Arnuero, será aplicable a todos aquellos casos en los que las viviendas con sentencia de derribo no pueden ser legalizadas. Este convenio, impulsado por el Gobierno de Cantabria, reconoce a las familias es, por un lado el derecho a que se les entregue otra vivienda de similares características en el municipio de Arnuero, y, por el otro, también se les reconoce el derecho a que, si la Administración no cumple su compromiso de entregarles una nueva vivienda similar a la suya, serán indemnizados con una cantidad económica correspondiente al valor de su actual vivienda, «valor que será fijado por un perito independiente».
El segundo de los convenios que se ha firmado esta mañana, el del edifico Las Torres, de Escalante, es el modelo que s e aplicará a todas las viviendas que tienen encaje en los planeamientos urbanísticos en tramitación, y, por lo tanto, a aquellas viviendas que pueden ser objeto de legalización una vez que se aprueben los Planes Generales de ordenación Urbana (PGOU), y se otorguen las nuevas licencias. El convenio recoge el derecho de las familias a que la administración corra con todos los gastos que se produzcan durante el proceso de legalización, y el derecho a ser indemnizados si estos procesos de legalización no llegan a buen término. Si esto es así, podrán optar, o bien por una indemnización económica fijada por un perito independiente, o bien por una nueva vivienda de similares características a la suya.
Estos dos modelos de convenio, al recoger los dos supuestos contemplados en el Plan de ejecución de sentencias de derribo, el de la legalización y el de la demolición, se irán aplicando a partir de ahora al resto de las familias afectadas por este problema. De este modo, por fin quedarán preservados y garantizados los derechos de estas familias.
Esta propuesta impulsada y materializada por el Gobierno de Cantabria ha sido aceptada por la inmensa mayoría de las familias afectadas.
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