Del escándalo de GFB al de Ecomasa: millones de euros de los cántabros «evaporados»

SODERCÁN tendrá que pagar un máximo de «ocho millones» de euros por la liquidación de la mercantil GFB, factoría para la fabricación de fibroyeso en Orejo (Marina de Cudeyo). ¿A cuanto ascenderás las pérdidas del nuevo escándalo?
©El Mundo Cantabria/ESÚS LASTRA SANTANDERMientras el Gobierno de Cantabria se prepara para abordar una nueva operación fallida con dinero público con la denuncia a la Fiscalía del proyecto de Nestor Martin-Ecomasa, la Administración autonómica ya ha hecho cálculos ajustados del gasto extra que le puede suponer otra de las iniciativas industriales ruinosas para el erario regional.
Sodercan, afectada en la aventura de la planta de estufas de Maliaño, cree que tendrá que pagar un máximo de «ocho millones» de euros por la liquidación de la mercantil GFB, factoría para la fabricación de fibroyeso en Orejo (Marina de Cudeyo) en la que se evaporaron decenas de millones de euros de las arcas de la Comunidad.
Tal es así que el ente público ya ha provisionado 2,78 millones para hacer frente a las posibles sanciones que se deriven de la declaración de concurso culpable de la compañía, cuya sentencia condenaba a Sodercan a asumir diferentes responsabilidades junto a Euroamérica y el Grupo Pujol Martí, socios costarricenses que se embarcaron en el proyecto que nació formalmente en 2004 con la firma del protocolo por el hoy de nuevo presidente, Miguel Ángel Revilla.
La estimación previa a la sentencia de febrero alcanzaba los 12 millones
La resolución está recurrida ante la Audiencia Provincial. La información consta en la abundante documentación remitida hace escasos días al Parlamento autonómico con la Cuenta General del ejercicio 2014 para su análisis por los grupos que cohabitan actualmente en el antiguo Hospital San Rafael.
En los informes relativos a Sodercan respecto a su desempeño el pasado año, validados el 19 de mayo de 2015, se recoge que «aún cuando resulta difícil realizar una valoración anticipada, teniendo en cuenta la afectación sanciones y responsabilidades, la responsabilidad de Sodercan pudiera llegar hasta un importe estimado máximo, con todas las incertidumbres existentes, de ocho millones de euros». Con todo, este cálculo, hecho sobre el fallo del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander del pasado 17 de febrero, es menor que la estimación llevada a cabo en 2013, cuando la empresa pública intuía que tendría que llegar a pagar hasta 12 millones de euros, por lo que provisionó cuatro en sus balances de ese ejercicio.
El cálculo se ha hecho con la ayuda de los asesores legales del ente
Esa cantidad, a más, fue la que apuntó el entonces consejero de Industria, Eduardo Arasti, en el Pleno del Parlamento de 4 de marzo de 2013, tras conocer la petición del Ministerio Fiscal de indemnizar de forma solidaria entre las tres mercantiles que pusieron en marcha GFB a los acreedores, tesis a la que finalmente se sumó la propia sentencia judicial.
Para fijar el futuro pago en los citados ocho millones, el informe de auditoría, a cargo de PwC, sostiene que «los administradores de la sociedad, de acuerdo con sus asesores legales, han realizado una cuantificación económica de los potenciales quebrantos asociados y han evaluado la probabilidad de que los citadosquebrantos se materialicen.  Como resultado del proceso descrito la sociedad ha mantenido el importe de 2.781.000 euros en el epígrafe de provisiones a largo plazo».RESPONSABILIDADESLa inspección de las cuentas de 2014 ya asume el contenido de la entencia del Juzgado de lo Mercantil, que conmina a Sodercan a responder solidariamente junto a Euroamérica por 131.000 euros por la contratación del personal y, el punto clave, «la asunción de déficit concursal de forma solidaria junto a Euroamérica S.A. y Grupo Pujol Martí S.A., esto es, los créditos concursales que no queden satisfechos a los reclamantes dentro del concurso». El pasivo inicial presentado por la Administración concursal, según el auto, sumaba 63,6 millones, aunque en el momento de su redacción se elevaba a 51.
Fuentes conocedores del proceso apuntaron tras la divulgación del veredicto a este periódico que hasta que no se proceda a la liquidación no se puede determinar la cuantía de los pagos a los demandantes atrapados en el la insolvencia de GFB. Sin embargo, avanzaron la casi certeza de que las empresas afectadas, la mayoría radicadas en Cantabria, se dirijan ante Sodercan para que abone las deudas, por una pura cuestión de accesibilidad, ya que las otras dos sociedades condenadas se enclavan en Costa Rica y es menos probable que respondan a las peticiones para satisfacer las obligaciones pendientes.
Cabe recordar que la juez Cristina Rodiz condenó a Euroamérica, socio mayoritario en la fábrica de fibroyeso que nunca llegó a producir, a una indemnización de 15,93 millones. En la parte política acreditó en su fallo la existencia de «una clara culpa grave en los administradores al haber actuado de forma negligente», por lo que castigó a tres de los miembros del Consejo de Administración de la corporación a dos años de inhabilitación.
Elprimero de ellos al ex consejero de Industria del PSOE Miguel Ángel Pesquera, al que acompañan en las penas los otrora presidentes de GFB por parte del socio americano, Sebastián Tena y Max Fischel. En cambio, otros directivos de la empresa  como Mario Esquivel y Leandro Sainz de la Riva quedaron finalmente exonerados.LA AUDIENCIA TARDARÁ «MESES» EN RESOLVER LOS RECURSOSCon el fallo de febrero del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander respecto al concurso culpable de GFB encima de la mesa, Sodercan fue una de las partes perjudicadas que primero se aprestó a interponer recurso ante la Audiencia Nacional, movimiento al que se sumaron el resto de condenados.
Con todo, el Alto Tribunal tiene encima de la mesa varias alegaciones, entre las que se incluyen las de los dos socios costarricenses, Euroamérica y el Grupo Pujol Martí, así como las de los consejeros condenados a inhabilitación: El ex titular de Industria del Gobierno PRC-PSOE Miguel Ángel Pesquera; Sebastián Tena y Max Fischel, que presidieron la empresa y el Consejo de Administración, respectivamente.
Las apelaciones se completan con la de la propia GFB. La Sección Cuarta de la Audiencia de Cantabria dio por recibidos todos los alegatos el pasado 29 de junio, por lo que actualmente están a la espera de resolución. Según explican fuentes judiciales a EL MUNDO, el desenlace definitivo sedemorará aún durante algunos meses.
Será en ese momento cuando empiece a ponerse fin a un proceso empresarial e industrial que se encuentra en la historia negra de Cantabria y en el que se invirtieron decenas de millones públicos sin resultado aparente. Una aventura corporativa que sigue coleando más de diez años después de sus primeros pasos y de cuyos errores la Administración autonómica no aprendió a tenor del dinero invertido entre 2012 y 2015 en Nestor Martin –18 millones– y que tampoco han dado el resultadoesperado.