La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se opone a la introducción de la figura del Policía Local interino en Cantabria para hacer frente a situaciones de emergencia que contempla el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 9/2022 de Coordinación de Policías Locales de Cantabria y exige su retirada inmediata por vulnerar la Constitución, el Derecho Europeo y la legislación básica de empleo público.
El representante de CSIF Cantabria en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, Manuel Garzón, ha presentado formalmente alegaciones al anteproyecto por la introducción de la figura del policía interino, una medida que califica de “improvisada, ilegal y profundamente lesiva para la seguridad pública y el modelo policial”. Desde el sindicato, consideran que esta propuesta responde a una solución coyuntural ante la falta de personal, sin planificación, ni estrategia y vulnerando la legalidad vigente y se muestran rotundos, “los déficits de plantilla deben solucionarse mediante convocatorias públicas, no con parches temporales que desvirtúan la profesión”.
El sindicato denuncia que el Gobierno de Cantabria ha tramitado el anteproyecto sin recabar el informe obligatorio de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, órgano consultivo que debe ser oído en cualquier norma que afecte a la organización y funcionamiento de los cuerpos policiales. Esta omisión, según el Tribunal Supremo, compromete la validez jurídica de toda la reforma al constituir una quiebra procedimental y comprometer la validez y legitimidad de la norma proyectada.
Desde el sindicato, afirman que “legalizar la figura del policía interino,sería pretender cubrir una plaza estructural con personal interino, lo que, no solo consolida la precariedad, sino que contradice abiertamente los compromisos de España con la Unión Europea y las reformas de estabilización actualmente en curso” ya que, según informan, el anteproyecto choca frontalmente con la Directiva 1999/70/CE del Consejo de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar los abusos derivados del uso de relaciones laborales de duración determinada.
CSIF Cantabria recuerda que, pese a encontrarse con ratios de agentes por habitante por debajo de lo recomendado por la UE, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil contemplan agentes interinos en sus plantillas, por tratarse de servicios esenciales donde la estabilidad, formación y profesionalidad son imprescindibles y requieren de funcionarios de carrera, con plena capacitación y estabilidad. “No se puede jugar con la seguridad pública por intereses políticos de corto plazo”, señala el sindicato.
Sin embargo, el anteproyecto contempla la creación de bolsas de empleo para interinos, condicionando su integración a la superación del curso básico policial de manera voluntaria, sin reconocimiento de condición de funcionario en prácticas y sin estar sujetos a los mismos procesos formativos que el resto de aspirantes. Esta situación rompe los principios de igualdad, mérito y capacidad, generando diferencias de capacitación y afectando directamente a la calidad del servicio. A ello se suma que el régimen jurídico propuesto no se ajusta a la legalidad vigente, ya que, de acuerdo al artículo 92.3 de la Ley de Bases del Régimen Local y a sentencias del Tribunal Supremo, los cuerpos de policía local solo pueden estar integrados por funcionarios de carrera.
Por todo, el sindicato rechaza cualquier intento de precarizar la profesión policial y exige respeto institucional hacia los cuerpos de Policía Local. En caso de que la previsión se mantenga, CSIF Cantabria emprenderá las acciones legales oportunas para defender los derechos de los profesionales y la legalidad del modelo policial.
