CCOO y UGT se movilizan contra la «ofensiva» del Gobierno para «silenciar» sus protestas

En los últimos meses acumulan, en todo el país, más de 80 causas judiciales, administrativas y también penales, que afectan a 260 sindicalistas, y para los que, en su conjunto, se piden penas que suman 120 años de cárcel.
Foto: María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez
Esta acción, que lleva por lema ‘No nos vamos a callar’ y que en Cantabria –donde no hay en la actualidad ningún procedimiento abierto– se desarrollará a las 12 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno, es una protesta contra el «atentado» que, a juicio de CCOO y UGT, se está desarrollando en el ámbito de libertad sindical y derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Se tata de «frenar el acoso» que se está llevando a cabo, dicen, desde la Fiscalía y el Gobierno, para «silenciar» las protestas.Así lo han denunciado este lunes los secretarios generales de Comisiones y UGT en la región, Carlos Sánchez y María Jesús Cedrún, en una rueda de prensa en la que han lamentado que con estas denuncias se «criminaliza» la acción sindical.Se trata, según ha indicado el líder de CCOO, de una situación «muy grave» porque en se está imputando por la vía penal a personas que han participado en las últimas huelgas generales con el objetivo, ha dicho, de «meter en cintura» a los sindicatos, a sus dirigentes y militantes, y de «meter miedo en el cuerpo» a la gente, para evitar que la ciudadanía «responda» a los «atropellos» contra los trabajadores.Pero «los sindicatos no nos vamos a callar», ha avisado Sánchez, porque «no están las cosas como para silenciar las protestas», ya que los «problemas siguen» en el ámbito laboral. Al hilo de lo anterior, ha recordado que la huelga es un «derecho legítimo» de los trabajadores además de un «derecho constitucional», por lo que no se puede «criminalizar» la acción sindical. «La huelga no es un delito, es un derecho constitucional», ha reivindicado el sindicalista, para expresar su preocupación por el «retroceso» que se está experimentando en el ámbito de las libertades.Por su parte, Cedrún ha explicado que el informe realizado por CCOO y UGT para analizar las causas judiciales pendientes indica que todos los procedimientos abiertos se centran las huelgas generales, la de 2010 y las dos convocadas en 2012, en marzo y noviembre, por lo que a su entender, desde las administraciones están «regulando la huelga por el Código Penal».Ha señalado que con estas denuncias se imputa primero a las personas «más significativas», a las que convocan una huelga, protesta o participan de forma «directa» en piquetes, a las que se identifica, según ha dicho, de forma «arbitraria».»Que te caigan ocho años de cárcel por participar en un piquete…», ha reflexionado Cedrún, que ha lamentado que con estas medidas se esté «coartando» a los ciudadanos a la hora de salir a la calle y manifestarse por la pérdida de puestos de trabajo o empeoramiento de las condiciones laborales, a lo que se sumará -ha apuntado- la reforma del Código Penal que se está abordando en el Congreso de los Diputados.EN CANTABRIA NO HAY CASOS ABIERTOSRespecto a la situación de Cantabria, la líder de UGT ha señalado que no tienen constancia de que en la actualidad haya casos judiciales de este tipo abiertos en la región, una vez cerrado el último, el que afectaba a dos miembros de la Intersindical que formaban parte de un piquete y que, en un rifirrafe con la Policía, un agente perdió una pluma.En este sentido, Sánchez ha apuntado que en Cantabria «hay menos casos» que en otras comunidades y provincias, al tiempo que la Fiscalía «no es tan celosa». Y ha puesto como ejemplo los tres años y un día de cárcel solicitados para la acción de un piquete que, con motivo de una huelga, echó tinta al agua de una piscina en Pontevedra, mientras que «otras cosas más violentas pasan desapercibidas para el derecho penal», ha lamentado. Y es que, en su opinión, «hay más violencia» y «más coacción» en un despido que la acción de un piquete.Por otro lado, y para terminar, el secretario de CCOO ha indicado que, hasta ahora, desde ambas formaciones sindicales se han dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Comité Europeo de Derechos Sociales, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial, así como al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.