Castro lleva a Cristina al banquillo: “Lo que tú defraudas, lo pagamos todos”

El magistrado ha mantenido la imputacion de la hermana del Rey por dos delitos fiscales al considerla cooperadora necesaria en la defraudacion de 330.000 euros en las declaraciones de renta de 2007 y 2008 de Urdangarin.
El juezJosé Castroha mandado a lainfanta Cristinaal banquillo del’caso Nóos’por dosdelitos fiscales, junto a su marido,Iñaki Urdangarin, y al expresidente balear,Jaume Matas. La acusación popular,Manos Limpias, reclama para ella 8 años de cárcel y una multa de 2 millones de euros, mientras que laFiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y su propia defensa piden el archivo.
En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado ha mantenido la imputacion de la hermana delReypor dos delitos fiscales al considerla cooperadora necesaria en la defraudacion de 330.000 euros en las declaraciones de renta de 2007 y 2008 de Urdangarin. El matrimonio se sirvió de la empresaAizoon, que comparten al 50%, y recibió fondos desviados desde el Instituto Nóos por negocios ilícitos de más de 6 millones de euros con las administraciones deBaleares,Valenciay, en menor medida, Madrid.
Al incluirla en el banquillo, Castro atiende la peticion de la acusacion popular Manos Limpias y rechaza la aplicacion de la’doctrina Botín’, como propugna la Fiscalía Anticorrupción ,y ha solicitado por escrito la defensa de la Cristina de Borbón para eludir el trance. El fiscal Anticorrupción,Pedro Horrach, ha anunciado dias atrás que pese a que el auto es irrecurrible, no descartaba hacerlo si el juez mandaba finalmente a la hermana del Rey en el banquillo por apreciar que se vulnera la Ley de Enjuicimiento Criminal al existir solo la acusación popular.
Castro, sin embargo, se ha alineado con la tesis de la Audiencia Provincial de Palma que en su auto del pasado noviembre ratificó la imputación de la infanta Cristina y cuestionó la aplicacion de la ‘doctrina Botín’ por un «matiz»: en el caso del banquero, ni la Fiscalia ni la Abogacía del Estado veían delito fiscal, pero en Nóos sí lo aprecian, solo que difieren con la acusación popular en los responsables.
Adelantándose a la decision judicial, Cristina de Borbón depositó en la cuenta del juzgado 587.413 euros, que se corresponde a la cantidad reclamada por Anticorrupcion en concepto de responsabilidad civil al considerar que desconocía los negocios ilícitos de su marido, pero se lucro con ellos.
El ‘caso Nóos’ se destapó en 2010 como una de las 26 piezas del’caso Palma Arena’, cuya investigación iniciada en 2008 conectó el presunto enriquecimiento de Matas con la mala gestión en la construcción del velódromo. Podría juzgarse entre finales del próximo año y principios del 2016.
INFORMA EL DIARIO EL MUNDO
Según informa EL MUNDO en su portada, el juez José Castro ratificará esta semana, salvo sorpresas, la apertura de juicio oral a la Infanta por los dos delitos fiscales que avaló la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma el pasado 7 de noviembre en una resolución adoptada por unanimidad en la que se subrayaba que «existen sobrados indicios para imputarla». El juez Castro sostendrá que, al contrario de lo que opinan las defensas y el fiscal Pedro Horrach, ladoctrina Botínno es aplicable en este caso puesto que se han lesionado intereses colectivos e invocará, por tanto, ladoctrina Atutxa, que en 2008 matizó la primera y evitó la anulación de la acusación popular.
Además, según añade el diario, la Abogacía del Estado «ha podidodejar en bandeja»al juez José Castro la apertura del juicio oral contra Cristina de Borbón. En contra de lo que esperaba la defensa de la Infanta, el escrito de acusación presentado por los servicios jurídicos del Estado no acusaba de delito fiscal a la hermana del Rey pero omitía solicitar el sobreseimiento de la causa respecto a ella.
El enjuiciamiento de la Infanta Cristina, finaliza EL MUNDO, no podía llegar en un momento más comprometido para Felipe VI. A pocas horas de su Mensaje de Navidad, que se supone será ejemplar contra la corrupción, «no ha podido conseguir que la propia Infanta diera un paso adelante y renunciara públicamente a sus derechos sucesorios, como gesto inequívoco y expiatorio hacia la ciudadanía».
EL MUNDO 1-4-5-6/LA RAZÓN 13/ EL PAÍS 18