Casares se compromete a potenciar lo público para acabar con la Administración paralela de De la Serna

El líder socialista ha censurado que el actual alcalde sea “el gerente de Rajoy en Santander” y haya privatizado y externalizado servicios públicos que ha generado duplicidades y gastos innecesarios
Para poder ahorrar costes y evitar una administración paralela es necesario “defender lo público” y mostrar un compromiso real con la Administración. Así lo ha expresado el secretario general del PSOE de Santander y candidato a alcalde, Pedro Casares, durante su reunión con la Junta de Personal del Ayuntamiento en la que ha podido comprobar cómo el PP está desmantelando poco a poco la administración pública.
El líder socialista ha denunciado que el actual regidor, Íñigo de la Serna, está creando una “Administración paralela” en el Ayuntamiento al “externalizar y privatizar” los servicios que antes estaban en manos públicas y no renovar las plazas de los funcionarios. Esto está provocando, por ejemplo, que buena parte de la información del Consistorio esté en manos de la empresa privada. Para Casares es una prioridad que los puestos vacantes “se cubran con personal público, no con trabajadores de empresas externas”, y para ello se ha comprometido a terminar con las prácticas de privatización y externalización de servicios en la gestión pública que ha llevado a cabo el actual alcalde, como por ejemplo en informática, la gestión de multas, la recaudación o la asesoría jurídica.
En este sentido, Pedro Casares se ha mostrado “combativo con el gobierno de Mariano Rajoy”, algo que según él debería haber hecho De la Serna, quien ha demostrado ser “una copia barata de Rajoy en Santander que nos está costando muy caro” a los santanderinos. Prueba de ello son, como le han hecho llegar desde la Junta de Personal, los problemas de organización que existen en el Consistorio, y que generan “duplicidades y costes innecesarios”. Una de las medidas a tomar para mejorar la organización será convocar un Concurso general de traslado que permita reorganizar algunos departamentos y evitar dichas duplicidades, así como reforzar la Concejalía de Personal.
El candidato a alcalde ha señalado que el actual equipo de gobierno local es incapaz de prever las plazas vacantes que quedan con las jubilaciones, lo que les lleva a “dejarlas sin cubrir o a contratar a personal externo” cuando es necesario. Esto supone, en palabras de Casares, un gasto adicional que se suma a los costes de los cargos de confianza y del mantenimiento de las infraestructuras, algo de lo que se han quejado numerosos empleados del Ayuntamiento.
El líder socialista ha anunciado que pondrá en marcha un Plan de Reestructuración de Sedes que permita a los empleados públicos trabajar en unas oficinas y “unas instalaciones municipales decentes” y que logre ahorros a través de la “eficiencia energética” y del alquiler de diversos locales.
Casares se ha comprometido a reducir todos esos costes. A este respecto ha coincidido con la Junta de Personal en que “no tiene sentido que alguien que tiene un trabajo similar al de un funcionario cobre una cantidad mayor”, y ha remarcado el alto sueldo de algunos directores generales, “que llegan a ganar 70.000 u 80.000 euros”. “Estos cargos deben ser nombrados principalmente entre los propios funcionarios del Ayuntamiento”, ha aseverado el líder de los socialistas santanderinos.
El candidato a alcalde ha aprovechado la reunión para mostrar su rechazo a la política de desprestigio que está llevando a cabo el PP, y con la que pretende hacer creer que las críticas a su gestión van dirigidas al trabajo de los empleados públicos. “Nuestro debate es político, y quiero aprovechar para reconocer el buen trabajo de los empleados municipales, incluidos los bomberos y la policía”, ha destacado el líder socialista.
Finalmente, Pedro Casares ha criticado la “política de hechos consumados” de De la Serna, quien “primero hace y luego lo enseña”, sin haber buscado el más mínimo consenso político. Así, ha incidido en la “poca transparencia” de un equipo de gobierno que impide a los concejales de la oposición tener acceso inmediato a la documentación que solicitan, obligándoles a esperar varios meses para poder tener una copia.