La Comisión insinúa que el Gobierno sobreestima la capacidad de sus medidas para reducir el déficit y pide «ambiciosas reformas estructurales».
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D. Soriano2014-06-02
Bruselas no se cree las cuentas del Gobierno español, ni su capacidad para reducir el déficit según lo prometido. Así lo ha dejado claro, este lunes, laComisión Europea, con la publicación de la «Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014», uno de losdocumentos más duros que el Ejecutivo comunitarioha presentado en los últimos meses. Incluso aunque está escrito en el lenguaje comunitario habitual en este tipo de informes, sorprenden los reproches que se le hacen a nuestro país y el larguísimo listado de reformas que exigen.
Leyendo las 10 páginas del documento, queda claro que la Comisión cree quea Mariano Rajoy le quedamucho trabajo por delantey de la máxima importancia. Las autoridades comunitarias piden cambios en casi todos los aspectos de la vida económica, desde el mercado laboral (reducción de modalidades de contratación y cambio de las políticas activas de empleo), hasta los sectores regulados (aplicación inmediata de la ley de unidad de mercado y ley de servicios profesionales), pasando por los cambios en las administraciones (reforzamiento de los mecanismos de control y lucha contra la economía sumergida).
Pero quizás lo que más destaque sean las propuestas en lo que hace referencia al gasto público y la consolidación presupuestaria. Casi todo es llamativo en esta cuestión: primero, porqueBruselas insinúa que no se cree algunas de las cuentas del Gobierno; segundo, porque le pide más concreción y contundencia en la reducción del déficit; y tercero, porque le avisa claramente de los riesgos que existen acerca del incumplimiento de los objetivos impuestos por la UE.
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Al menos desde 2010, lascuentas públicas españolasson objeto de atención preferente desde Bruselas, Fráncfort (sede del BCE) y Berlín. El Gobierno ha vendido como un éxito el desplome de la prima de riesgo y la salida de la situación de riesgo extremo que provocó que en el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012 se diera casi por seguro el rescate de España.
Con este panorama, no resulta extraño que cuando llega la parte final (la más importante) del informe la Comisión sea muy prolija en el redactado de las recomendaciones para el Gobierno español. Prácticamente no hay ningún aspecto de la política presupuestaria y fiscal que no toque el documento.
Eso sí, la Comisión no se queda en la parte de los ingresos, el Ejecutivo comunitario también ataca la parte de los ingresos. En este capítulo, vuelve a pedir al Gobierno que acometa una «reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo» para facilitar el crecimiento y la creación de empleo.
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