#AmparoSeQueda calienta motores y organiza una acampada el próximo domingo

De la Serna no admitirá que se disponga de un vial absolutamente necesario para mejorar su calidad de vida por el hecho de que una persona tenga la legítima pretensión de recibir más dinero del legalmente establecido».
La plataforma #AmparoSeQueda, integrada por miembros de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Santander y otros particulares y colectivos, ha organizado una acampada en la vivienda de la vaguada de Las Llamas expropiada por el Ayuntamiento de Santander a Amparo Pérez para construir el vial que conectará Camilo Alonso Vega con la S-20.
El Ayuntamiento de Santander tiene previsto ocupar el 4 de agosto la vivienda, y la plataforma ha convocado una acampada el día antes, domingo, a partir de las diez de la noche, «para evitar que un dispositivo policial les cerque la zona desde primera hora». Su objetivo es «parar» el desalojo, según han informado fuentes de la plataforma.
El pasado 10 de julio, el Ayuntamiento publicaba en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la notificación del expediente de expropiación forzosa para la ejecución del vial de conexión entre la S-20 y la avenida de Los Castros, y otorgaba a Amparo Pérez un plazo de 15 días para desalojar su casa.
El pasado 27 de junio, esta anciana de 86 años se negó a firmar el acta de ocupación. La mujer estuvo arropada por numerosos integrantes y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que denuncian «oscuros intereses» en la construcción de este vial que consideran «absolutamente innecesario».
Tal y como consta en la notificación de la expropiación, Amparo Pérez rechazó tanto la vivienda de realojo ofrecida por el Ayuntamiento como el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que según la plataforma es de 79.000 euros por una vivienda de 90 metros cuadrados y una finca de 374, lo que considera «una vergüenza».
Desde el Ayuntamiento señalan que la propietaria de la vivienda  conocía desde hace más de 15 años el proyecto para construir este nuevo vial que califica de «estratégico», así como la situación de fuera de ordenación en la que se encuentra dicho inmueble.
El equipo de Gobierno rechaza «rotundamente cualquier parecido de este proceso con un desahucio»; y asegura que «ha sido y seguirá siendo el principal defensor de los derechos de esta propietaria, pero no permitirá que se pisoteen los derechos del resto de los vecinos del municipio de disponer de un vial absolutamente necesario para mejorar su calidad de vida por el hecho de que una persona tenga la legítima pretensión de recibir más dinero del legalmente establecido».