771 profesores de Centros Públicos de Cantabria firman un escrito de rechazo a la LOMCE

Reproducimos el escrito firmado por 771 profesores y profesoras de Institutos de Educación Secundaria y de Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de Cantabria que ha sido entregado en el día de hoy.
El escito ha sido entregado en el día de hoy a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y explica las razones del rechazo de un numeroso de profesores y profesoras de la Educación Pública de Cantabria al Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) que ha presentado el Ministerio de Educación en diciembre de 2012, solicitándose la retirada del mismo y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible.
NO A LA LOMCELa Educación Pública de calidad es un pilar básico de una sociedad democrática pues constituye el requisito esencial para la justicia social, la igualdad de oportunidades y la cohesión social; su preservación y fortalecimiento es, además de la garantía del disfrute efectivo del derecho a la educación de todas las personas, la base para el crecimiento personal de cada individuo, así como para el desarrollo de un país en su conjunto.El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que ha presentado el Gobierno supone un ataque a la educación pública de calidad que todo país necesita. Es por ello, que los profesores firmantes manifestamos nuestro rechazo a la reforma propuesta por las siguientes razones:•    Por su elaboración antidemocrática a espaldas a la comunidad educativa, de los profesionales de la educación y de los grupos sociales y políticos.•    Por los valores que defiende: la educación como servicio y no como derecho fundamental, la rentabilidad económica  frente al desarrollo social, la competitividad en lugar de la cooperación, el egoísmo en lugar de la solidaridad, el individualismo en lugar de la colectividad.•    Porque supone un ataque frontal a la igualdad de oportunidades, por medio de medidas que, con la excusa de la reducción del fracaso escolar, no son más que herramientas para la segregación temprana e irreversible del alumnado y para la clasificación de los centros, en lugar de atender la diversidad con más recursos, tanto económicos como de personal. El fracaso escolar está más relacionado con la clase social a la que se pertenece y su solución tiene más que ver con el cómo se enseña y en qué contexto se aprende que con el número de horas lectivas de materias instrumentales o la diferenciación temprana de los alumnos en dos vías.•    Por su concepción mercantil de la educación  que reduce el sistema educativo a la mera capacitación laboral de los estudiantes inermes ante la sociedad de consumo, olvidando su función primordial en la formación integral de ciudadanos críticos y responsables capaces de participar en la construcción de una sociedad culta y democrática.•    Porque concibe los centros educativos como empresas privadas que han de competir por tener los mejores alumnos, para así asegurar unos resultados que les garanticen los recursos de la Administración.•    Porque acaba con la organización y funcionamiento democrático de los centros educativos y, con la excusa de la autonomía de los mismos, la sustituye por un director nombrado a dedo por la Administración que, a modo de gestor empresarial, pasa a tener poderes absolutos en la gestión y, en consecuencia, abre la puerta al caciquismo y el clientelismo•    Porque frente a una educación pública al servicio de la ciudadanía apuesta por la progresiva privatización del sistema educativo, promoviendo una competencia desigual entre centros y zonas geográficas de diferente renta, que tiene por finalidad el desprestigio de una educación pública sometida a drásticos recortes que reducen y anulan su capacidad para atender y compensar las carencias y dificultades del alumnado con mayores necesidades educativas. La eliminación indiscriminada de la optatividad, el establecimiento de vías cerradas, la eliminación de la obligatoriedad de ofrecer al menos dos vías de bachillerato,… benefician a los centros privados en detrimento de los intereses de los alumnos; en resumen, se trata de abrir nuevas parcelas de negocio para el sector privado.En consecuencia, consideramos que el anteproyecto de Ley es un ataque encubierto a la educación pública que solo se comprende: bien por una atención a intereses particulares o bien por un desprecio hacia el valor de la educación, por lo que pedimos la retirada del mismo y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y estable.Santander, a 22 de enero de 2013