El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Santander ha solicitado la suspensión del Proyecto de Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones.
Así lo ha anunciado la portavoz de la formación Laura Velasco tras registrar 8 alegaciones al proyecto en las que pide su suspensión.
En primer lugar, Velasco explica que “la ordenanza acaba con la libertad de circulación reconocido en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos y también en la Constitución”.
“También pedimos su suspensión por discriminar a la población, generando ciudadanos de primera y de segunda según su nivel adquisitivo, ya que no todos los santanderinos tienen la posibilidad de adquirir un vehículo 0 emisiones, ECO o C”, ha señalado.
Otro motivo por el que desde el Grupo Municipal VOX se solicita la suspensión del proyecto de Zona de Bajas Emisiones es por ser arbitrario y contradictorio. “Lejos de seguir un criterio único, coherente y uniforme para la consecución de este objetivo, el Ayuntamiento de Santander traslada todo el peso de la norma a aquellos ciudadanos que no pueden adquirir vehículos 0 emisiones, ECO o C, mientras excluye a esos mismos vehículos cuando son propiedad de las administraciones públicas y otras exenciones recogidas en la disposición transitoria primera. Resulta incoherente que un mismo vehículo se considere contaminante o no en función de su titularidad, uso o residencia del propietario”, indica en la alegación.
Asimismo, la portavoz de VOX ha informado que “también pedimos la suspensión de la ZBE por incluir un régimen sancionador, ya que La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética derivada de las directivas europeas obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a elaborar planes y programas relativos a la calidad del aire, pero no a multar como se recoge en el Título III”.
En la ofensiva del Grupo Municipal VOX para evitar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones se incluye otra alegación para que el proyecto sea suspendido por la ausencia de medidas alternativas de prevención, ya que “según establece la Directiva Europea hay que prevenir, pero no prohibir”.
Todas estas alegaciones, explica Velasco, van acompañadas de otra en la que “apuntamos que no se puede llevar adelante la ordenanza a falta de un plan de movilidad urbana sostenible, ya que en Santander caducó en 2020”.
“También pedimos la nulidad de la consulta pública por la ausencia de los informes preceptivos, así como del detalle del área afectada”, puntualiza.
“Con estas alegaciones esperamos poder parar este proyecto totalitario que atenta contra los derechos fundamentales de los santanderinos y crea ciudadanos de primera y de segunda”, sentencia la portavoz municipal de VOX.
