Unión de Consumidores de Cantabria se opone a la subida del precio del agua

Afirma que Tomar el consumo de agua en toda la región de Cantabria y dividirlo entre sus habitantes, sin mayor consideración, supone una reducción a lo absurdo de un problema capital.
Santander. 13 de septiembre de 2022
La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha mostrado hoy su oposición a cualquier aumento del precio del agua y ha advertido que la última ‘estadística sobre el suministro y saneamiento del agua’ publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), podría ser tomada como “excusa” por parte de quienes son partidarios de privatizar servicios públicos o, simplemente, pretenden “encarecer aún más los servicios básicos a los consumidores”.
Tras la publicación de esta estadística por parte del INE -en la que se considera que Cantabria es la región donde el agua es más barata y se consume más- y su posterior difusión en los medios de comunicación, la UCC ha querido pronunciarse al respecto y dejar sentado dos hechos que considera “capitales”:
1.- Tomar el consumo de agua en toda la región de Cantabria y dividirlo entre sus habitantes, sin mayor consideración, supone una reducción a lo absurdo de un problema capital. Y, por lo tanto, un dato que induce al error, como el representante de la Asociación Internacional del Agua reconoce expresamente al manifestar que “hay que tener en cuenta si hay muchas casas unifamiliares, huertas, piscinas o turistas”.
2.- UCC quiere recordar que un porcentaje muy elevado,estimado en el 30%,del agua que circula por la red, sencillamente se pierde a causa defugas. Por otro lado,según estudios ampliamente difundidos,el 70% del agua que en España seextraede media (incluyendo, pues, a nuestra región), no la consumen los ciudadanos, esto es, los consumidores, sino que se utiliza por la agricultura.
En otras palabras, del 100% del agua que se extrae en la Tierra, el 70% se destina a agricultura. El 30% restante se distribuye en la red, y de ello un 30%, se pierde. Así que, el agua que llega a las personas, a los consumidores domésticos o empresas, supone un 21% del agua que se extrae en la Tierra. Se tratan de hechos que son claros, públicos y notorios. No controvertidos.
Por todo ello, y sin ánimo de discutir la validez del estudio del INE, la UCC lamenta que no sólo se les imputen a los ciudadanos de Cantabria consumos que no son suyos, por ser industriales y agrarios, sino que ni siquiera se tenga en cuenta la población de derecho de la región. Así,se hace parecer que el dato se refiere al consumo de los cántabros, cuando en realidad, no lo es.
Si esto es así, y dadoque se comenta el precio del agua como causa de un despilfarro no demostrado del consumidor,UCC considera que el argumentario puede ser tomado como excusa por parte de quienes son partidarios de privatizar servicios públicos, camuflando esta pretensión con la famosa “eficiencia”, o de quienes quieren, simplemente, encarecer aún más los servicios básicos a los consumidores.
Por todo lo anterior,UCC quiere manifestar públicamente su oposición a cualquier aumento de precio en un suministro básico, como es el agua, sin duda.
UCC manifiesta que el principal coste del agua, no es el agua en sí, sino sudistribución y que el coste de la distribución debería ser sostenido por todos los receptores reales y potenciales de la misma,como tributo que es, y con arreglo a la capacidad económica de cada contribuyente, como dice nuestra Constitución.
Para UCC resulta “bochornoso” y “escandaloso”que aprovechando la actual situación de sequía y escasez que vive España, haya quien quiera justificar un aumento del precio del agua a todos los cántabros haciéndoles sentir culpables de una situación, de la que no son responsables en modo alguno.
Por eso, UCC quierepedir públicamente a todos los Ayuntamientos de laregión, como ya ha hecho anteriormente, que no apliquen aumentos de precio al suministro de agua, que instituyan un precio político de agua por habitante de derecho y que repercutan el precio de creación y mantenimiento las redes de suministro entre los propietarios beneficiados del servicio, reales o potenciales, de conformidad a criterios de capacidad económica y proporcionalidad.