El Grupo Municipal Unidos x Laredo, a través de su portavoz Ramón Arenas San Martín, ha registrado un escrito ante la Comisión Informativa de Obras, Vivienda, Urbanismo y Contratación del Ayuntamiento de Laredo, solicitando la adopción de medidas legales, técnicas y administrativas adecuadas en relación con el Expediente que aborda las actuaciones de estabilización de la ladera norte de la Atalaya, tras el desprendimiento registrado el 1 de octubre de 2025.
El grupo municipal exige que antes de acometer cualquier intervención, fuera de las que son estrictamente de aseguramiento de la zona, el Ayuntamiento cumpla estrictamente con el procedimiento legal, identificando a los titulares registrales de las parcelas afectadas, garantizando su audiencia previa y delimitando con precisión el límite del deber de conservación que corresponde a los propietarios, así como el exceso que debe ser asumido con fondos públicos.Unidos x Laredo recuerda que la Sentencia firme 000015/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander anuló una actuación anterior en la misma zona por falta de audiencia a los propietarios, reiterando que la urgencia no justifica vulnerar las garantías procedimentales.
También menciona la sentencia sobre la instalación de la malla del Pelegrín, donde el Ayuntamiento tuvo que asumir los costes por un error similar.El informe técnico municipal de 9 de octubre de 2025, firmado por el técnico municipal, añade un dato de gran relevancia:“Se ha contactado verbalmente con el vigilante de Costas para informarle de la situación, dado que el deslizamiento de material parece provenir de la parcela con referencia catastral 39035A003090010000LU, perteneciente al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).”En el mismo informe se indica que el jueves 2 de octubre está prevista una reunión con la empresa Malla Talud Cantabria (MTC) para evaluar los hechos y posibles soluciones de estabilidad, habiéndose acordado informar a la Demarcación de Costas para que pueda asistir a la visita técnica si lo considera oportuno.
A la vista de ello, Unidos x Laredo sostiene que, si se confirma que el origen del desprendimiento está en una parcela del Dominio Público Marítimo-Terrestre, los gastos de las obras de estabilización deberán ser asumidos por el Estado, como titular y responsable de dicho dominio, y no por el Ayuntamiento.
El grupo reclama que, de confirmarse la propiedad de la parcela afectada por el argayo sea de dominio público marítimo terrestre, el Consistorio se dirija formalmente a la Demarcación de Costas para que asuma la responsabilidad técnica y económica de las actuaciones necesarias.
Entre las medidas propuestas por Unidos x Laredo se incluyen:
Incoar una orden de ejecución con todas las garantías legales (audiencia, motivación y delimitación del deber/exceso).
Coordinar formalmente con la Demarcación de Costas cualquier actuación en el terreno afectado.
Desglosar el presupuesto de 96.056,77 € con justificación técnica de cada partida.
Mantener medidas cautelares de seguridad, como el cierre del túnel y el desalojo preventivo de las parcelas colindantes.
Garantizar la transparencia, permitiendo el acceso completo al expediente a todos los grupos políticos y recogiendo en acta las intervenciones y votos emitidos.
El portavoz Ramón Arenas ha subrayado e insistido que “si el deslizamiento se origina en terreno perteneciente al Dominio Público Marítimo-Terrestre, es el Estado quien debe asumir íntegramente el coste de las obras, si así lo marca la ley”.Y añadió: “Laredo no puede seguir pagando intervenciones que corresponden a otras administraciones. Pedimos coordinación, rigor y defensa del interés público municipal.”El grupo defenderá estas propuestas en la Comisión de Obras convocada para el lunes 20 de octubre de 2025, donde el punto tercero del orden del día aborda precisamente el expediente de la Atalaya.
