Al considerar que el Gobierno de Cantabria actuó en contra del Estatuto de los Trabajadores, al no acudir al procedimiento de consultas con los representantes de la plantilla cuando decidió extinguir este organismo.
El Juzgado de lo Social número 4 de Santander ha declarado nulo el despido del octavo trabajador del Consejo de la Juventud, al considerar que el Gobierno de Cantabria actuó de forma “fraudulenta” y en contra del Estatuto de los Trabajadores, al no acudir al procedimiento de consultas con los representantes de la plantilla cuando decidió extinguir este organismo.
Este despido nulo se suma a los siete improcedentes declarados por otro Juzgado de lo Social, que ha condenado al Ejecutivo al pago de algo más de 247.000 euros en concepto de indemnizaciones, casi 50.000 más que el presupuesto asignado al Consejo de la Juventud en el presupuesto de este año, por importe de 200.000 euros.
La nueva sentencia, que al igual que la anterior ha dado a conocer el vicesecretario de Política Institucional y diputado del PRC, Javier López Marcano, establece una nueva indemnización, en este caso por importe de 9.951,18 euros, al considerar que no existe la opción de readmitir al trabajador.
En los fundamentos de derecho, establece que el despido se llevó a cabo “de manera absolutamente irregular” y sin seguir la tramitación establecida en el Estatuto de los Trabajadores, según el cual el Gobierno debió celebrar un periodo de consultas con los representantes la plantilla.
“El cierre por disolución del Consejo de la Juventud ha supuesto un despido tácito de la totalidad de los trabajadores, sin seguir el cauce procedimental adecuado”, detalla textualmente.
Precisa además que el “Gobierno-empresario” debió acudir al procedimiento de consultas y comunicarlo a la autoridad laboral, en cumplimiento del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. “La empresa actuó de manera irregular para eludir así el procedimiento de consultas legalmente previsto. Tal actuación fraudulenta conlleva la nulidad del despido del demandante”, agrega.
Sin embargo y aunque señala que procede condenar al Gobierno a readmitir en su puesto de trabajo al demandante, también cree imposible tal readmisión al estar “acreditada” la desaparición y cese de actividad del Consejo de la Juventud.
En este sentido y a diferencia del fallo que declaró improcedente el despido de los otros siete trabajadores, el juez entiende que no existe “sucesión empresarial” entre el Consejo de la Juventud y el Gobierno de Cantabria y “no consta” que la Comisión de Participación de los Jóvenes creada para sustituirlo tenga la misma naturaleza y funciones, “ni que exista en su plantilla personal laboral, no funcionarial, de ninguna clase”.
Por lo tanto y aun admitiendo la nulidad del despido y la actuación irregular del Ejecutivo, declara extinguida la relación laboral y establece una indemnización de casi 10.000 euros.
“Un nuevo varapalo y habrá más”
Para López Marcano, esta sentencia representa “un nuevo varapalo” para el Gobierno de Ignacio Diego, al que ha augurado que sucederán “varios más con toda seguridad”, provocados por “el desprecio a las leyes y a los derechos de los trabajadores que guían su política de despidos”.
Asimismo, ha insistido en “el altísimo coste económico que tienen que afrontar todos los cántabros para financiar la caza de brujas que el presidente está llevando a cabo en la Administración Pública de Cantabria”.
“Van ya más de 3 millones de euros y mucho nos tememos que esta sangría va a continuar, vistos los métodos que utiliza este Gobierno del Partido Popular para echar a la calle a los trabajadores”, ha concluido el diputado regionalista.
