Los incidentes registrados este fin de semana en el centro de menores extranjeeos no acompañados de Castro Urdiales han vuelto a poner en el foco la gestión de estos recursos y el modelo impulsado durante años por PP y PSOE, tras el traslado de tres de los nueve jóvenes acogidos en la instalación.
Dos de ellos han sido derivados a Andalucía y Cataluña, de donde procedían tras haber abandonado previamente sus centros, mientras que un tercero ha sido reubicado en otra vivienda dentro de Cantabria. Una situación que evidencia, según diversas voces críticas, la falta de control y coordinación entre administraciones.
Salidas no autorizadas y altercados
Durante el fin de semana, hasta cinco menores abandonaron el centro sin autorización en una primera ocasión, repitiéndose la situación al día siguiente con otros cuatro. Todos ellos tuvieron que ser localizados por las fuerzas de seguridad.
Uno de los episodios más tensos se produjo a su regreso, cuando uno de los menores rompió un cristal en las instalaciones, provocándose heridas que requirieron atención sanitaria.
A pesar de estos hechos, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha restado importancia a lo ocurrido, calificándolo de “caso aislado” y apelando a no caer en “alarmismos”, una postura que contrasta con la creciente preocupación vecinal en la zona.
Críticas al discurso oficial
Desde distintos sectores se cuestiona que el Ejecutivo cántabro minimice unos incidentes que, aseguran, no son hechos puntuales sino consecuencia de un modelo “desbordado”. También se critica que el traslado de menores entre comunidades autónomas refleje un sistema que “parchea” situaciones sin abordar el problema de fondo.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha insistido en pedir “calma” y ha cargado contra quienes protestan por la presencia de estos centros, a los que acusa de “agitar a colectivos ultras”.
Debate abierto sobre el modelo
Sin embargo, las protestas vecinales en municipios como Castro Urdiales evidencian un malestar creciente ante la llegada de menores sin planificación previa ni información a los residentes.
Para los críticos, este tipo de situaciones son el resultado de años de políticas migratorias del bipartidismo que, sostienen, han priorizado “improvisación y reparto de responsabilidades” frente a soluciones estructurales, trasladando el problema a municipios concretos sin dotarlos de medios suficientes.
Mientras tanto, el Gobierno regional defiende que la situación en el centro es de “total normalidad”, en un contexto en el que el debate sobre la seguridad, la convivencia y la gestión de los menas vuelve a situarse en el centro de la discusión política en Cantabria.
