Su ultimátum, en pleno discurso en el acto de inauguración del curso judicial, y con presencia del Rey, ha calado en gran parte de la clase política pero con distintas reacciones.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),Carlos Lesmes,amenazó ayer con dimitirsi no se desbloquea la renovación de este órgano de gobierno de los jueces en las próximas semanas.
Su ultimátum, en pleno discurso en el acto de inauguración del curso judicial, y con presencia delRey, ha calado en gran parte de la clase política pero con distintas reacciones.
El Gobierno, con el PSOE al frente, no se dio por aludido en cuanto a asumir culpas y responsabiliza al PP del bloqueo que ha llevado a estar durante casi 4 años con el mandato del CGPJ caducado.
La ministra de Justicia,Pilar Llop, explicó ayer que de nuevo pide al PPdesbloquear la situacióny le exige que lo afronte «sin condicionamientos» ni excusas.
El PP no se da por aludido en cuanto a responsabilidades y se limita a poner sobre la mesa otra vez que tiene requisitos y condiciones para pactar la renovación del CGPJ.
Llop culpaba «exclusivamente» al PP del bloqueo y denunció: «Aquí no hay equidistancia. El sistema judicial está al límite por la exclusiva y única responsabilidad de quien no renueva el CGPJ, que es el señor Feijóo y el PP».
El líder ‘popular’,Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, ante la prensa, dijo prácticamente lo mismo: la culpa es de los socialistas por no aceptar las condiciones que el PP pone sobre la mesa.
Los ‘populares’ proponen que sean «losjueces quienes elijan a los jueces» y que los partidos dejen de imponer a los vocales del CGPJ.
Todos recuerdan que el acuerdo estuvo cerca hace tiempo, pero el PP se negó a aceptar a 2 candidatos que propusieron PSOE y Unidas Podemos, Ricardo de Prada y Vicky Rosell, ambos vinculados a posiciones de izquierdas.
Feijóo insiste en imponer «requisitos mínimos de independencia» y después afrontar la renovación del CGPJ y, de paso, también a los integrantes del Tribunal Constitucional.
Unidas Podemos, a través dePablo Echenique, propone rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del CGPJ y así facilitar su renovación sin necesidad de que los 2 grandes partidos del país se tengan que poner de acuerdo.
Elnuevo curso del Poder Judicialha arrancadoy lo hace de nuevo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el aire, puesel no acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposiciónha provocado una «situación insostenible e inaceptable», según ha señalado Carlos Lesmes.
En el discurso de apertura,presidido por el rey Felipe VI, el presidente del CGPJ y el Tribunal,Carlos Lesmes, ha instado a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo a reunirse «con urgencia»para llegar a un acuerdo y renovar ya el Poder Judicial. De hecho, en esta ocasión, ha ido más allá, y ha abierto la puerta a su dimisión si persiste el bloqueo
«El Poder Judicial debe ser renovado en las próximas semanas o, de no serlo, debe ser restituido en la plenitud de sus competencias. De no ser atendido ese llamamiento,será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustanporque resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable», ha aseverado Lesmes.
El presidente del alto tribunal ha dicho que «laJusticia está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperanciay minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella» y ha añadido que el escenario político de los últimos años, caracterizado por la permanente falta de entendimiento de los grupos mayoritarios, «está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española».
El presidente del TS y del CGPJ ha advertido de que el escenario político de los últimos años “está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”, en referencia al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo, “el primero de ellos por la falta de renovación en plazo y la limitación de sus funciones esenciales y, el segundo, por la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el pasado año, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición”.
En relación con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y tras recordar que los numerosos llamamientos hechos desde 2018 a las Cortes Generales y a los grupos parlamentarios para que cumplieran su deber constitucional “no han surtido efecto alguno”, Lesmes ha reiterado que “la renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”.
Una vez producida la renovación, considera que será “ineludible” abordar la reforma del modelo de elecciónde los vocales del Consejo, en crisis por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por apartarse de los recientes estándares europeos en materia de Consejos Judiciales.
“Es indudable que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad para todas aquellas tareas de gobierno que trascienden del interés corporativo de Jueces y Magistrados por afectar a la sociedad entera, pero no es menos cierto que dichomodelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente los últimos años precisamente por las circunstancias que rodean a la no renovación”, ha dicho.
El presidente del TS y del CGPJ ha hecho tambiénreferencia a los “remedios excepcionales” propuestos desde algunos sectores para salvar la situación de bloqueodel órgano de gobierno de los jueces “trasladando en ocasiones la responsabilidad a quien no la tiene”.
Así,frente a quienes abogan por la dimisión colectiva de los miembros del CGPJ, ha señalado que resultaría inadmisible, “pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional”.





