La Plataforma Salvar Torrelavega ha formalizado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que validó la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al entender que el fallo incurre en una interpretación “contraria a Derecho” y perjudica a ciudadanos y tejido económico local.
El principal argumento del recurso se centra en la forma en que la sentencia del TSJC realiza el juicio de proporcionalidad. Según la Plataforma, la resolución judicial no efectúa una ponderación real de los intereses en conflicto, sino que da por hecho que la protección del medio ambiente debe prevalecer sobre derechos fundamentales como la libertad de circulación o la libertad de empresa, sin un análisis concreto de las consecuencias.
En este sentido, la Salvar Torrelavega sostiene que la normativa estatal habilita la creación de zonas de bajas emisiones, pero no legitima que se dé por válida cualquier restricción sin un control riguroso. A su juicio, aceptar esa premisa supondría debilitar el papel de los tribunales en la supervisión de medidas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Otro de los pilares del recurso es la crítica a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que considera insuficiente. La Plataforma denuncia que el Ayuntamiento optó por una versión abreviada sin justificarlo adecuadamente y que la sentencia resta importancia a esta deficiencia. A su entender, este documento es esencial para justificar la necesidad de la norma, analizar alternativas menos restrictivas y evaluar su impacto real.
Además, rechaza que el Anexo I del Real Decreto 1052/2022 pueda sustituir a dicha memoria, como interpreta la sentencia. Según el recurso, ambos instrumentos tienen funciones diferenciadas y no equivalentes, por lo que su confusión implica una merma en las garantías del procedimiento.
La Plataforma también pone el acento en la ausencia de una evaluación rigurosa de las cargas económicas y administrativas derivadas de la ordenanza. Asegura que las restricciones afectan de forma directa a pequeños negocios, trabajadores y operadores económicos, y que el Ayuntamiento no ha valorado de manera suficiente el impacto de decisiones como el perímetro de la ZBE, sus horarios o las limitaciones impuestas.
Otro aspecto relevante es la utilización del informe técnico DOYMO como base de motivación de la ordenanza. Según el recurso, este documento fue elaborado para un procedimiento distinto y no formaba parte del expediente durante la tramitación de la norma, sino que fue incorporado posteriormente en sede judicial. Por ello, la plataforma considera inadecuado que se utilice como justificación de la regulación.
Asimismo, la Plataforma denuncia que se han aprobado restricciones más severas que las recomendadas por los técnicos municipales sin una motivación reforzada. En su opinión, la discrecionalidad de la Administración no permite apartarse de los criterios técnicos sin una explicación clara, y advierte de que la sentencia llega a suplir esa falta de motivación.
Con este recurso, Salvar Torrelavega sostiene que el caso presenta interés casacional, tanto por tratarse de una disposición de carácter general como por su posible repercusión en otros municipios. La decisión del Tribunal Supremo podría, según la asociación, marcar criterios relevantes sobre los límites y requisitos en la implantación de zonas de bajas emisiones en España.
