Reclama un reparto acorde a la Ley de Financiación Autonómica
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,considera “positivo peroinsuficiente” elfondoadicional no reembolsable de 16.000 millones de euros anunciado ayer por Pedro Sánchezy ha reivindicado un repartobasado en la Ley de Financiación Autonómica, acorde alcoste real de los serviciospúblicosyafactores como la orografía o el envejecimiento demográfico.
El presidente ha confiado en que la reunión que celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera avance en este planteamientoy tenga en cuenta elcoste de los serviciospúblicos y no criterios de población.
Durante su intervención en la octava Conferencia de Presidentes desde la declaración del estado de alarma, celebrada una vez más por videoconferencia, Revilla ha valorado positivamente el fondo, pese a considerarlo insuficientepara atender el “agujero sanitario”que ha supuesto la pandemiay hacer frente al desembolso económicoque está realizando Cantabria paraafrontar el incremento del gasto sanitario ,aumentar la plantilla del Servicio Cántabro de Salud en 450 profesionales y dotarle de medios adecuados.
El jefe del Ejecutivo cántabro también ha trasladado a Pedro Sánchez las propuestas de la Comunidad Autónoma para la fase 1 de la desescalada, en la que espera estar a partir del 11 de mayo dadalabuena situación yla“evolución controlada” de la pandemia.
En este sentido, ha destacado queCantabria cumple los criterios necesarios para avanzar en la desescalada,con una disponibilidad de más de 600 camas hospitalarias, 75 de UCI,y un índice de transmisión en el 0,7. Por ello, ha apuntado la necesidad de “actuar en positivo” e intentar recuperar la actividad económica desde la“responsabilidad”y las medidas de protección adecuadas.
Miguel Ángel Revilla, que se ha felicitado por que se haya atendido ya reivindicaciones cántabras como la autorización para atender huertos familiares o el incremento al 50 por ciento de la capacidad de las terrazas para la vuelta a la actividad de los establecimientos hosteleros, ha adelantado que Cantabria pedirá la inclusión en la primera fase de la desescalada de actividades como lasobras de rehabilitación de inmuebles,laspruebas para la obtención de títulos y certificaciones, los mercadillos al aire libre y, con cita previa, el trabajo en oficinas, ITV y talleres. Además,haabogado por la reapertura de losconcesionarios devehículosylosviveros de plantas, con un aforo del 30 por ciento.
Por otro lado, en el ámbito del empleo público, Cantabria planteala incorporación de aquellos puestos que no tienen opción de teletrabajo, la realización de todos los trámites posibles por vía telemática yel funcionamiento concita previa.
Además, en lo que respecta al deporte no profesional, el presidente ha solicitado que se tengan en cuentaa partir del 11 de mayoactividades como la práctica de la pesca individual en mar o río y el deporte del golf, también con cita previa.
Asimismo, lapropuestacántabra incluyelas necesidades de taxis, VTC y autobuses para establecer medidas de protección, de ocupación y de gestión de la demanda.
Importancia de las comunidades autónomas
En la reunión de la Conferencia de Presidentes, Miguel Ángel Revilla ha vuelto ha incidir en el “poco papel” que vienen desempeñando las comunidades autónomasy, aunque ha considerado“atendidos”los planteamientos de la Comunidad Autónoma, ha reivindicadouna mayor participación de las autonomías en el mando único establecido por el Estado parala toma de decisiones.
Tambiénha insistido enreclamar la liberación del remanente de tesoreríade los ayuntamientos, para que contribuyan a“reactivar la economía de sus municipios” conunos fondos que ascienden a 450 millones en el caso de Cantabria y a10.000 millones de euros entodaEspaña.
Finalmente, el presidenteha reclamado el IVAimpagado a las comunidades autónomas en 2018, que en Cantabria supone 45 millones de euros, y el pago de los 22 millones adeudados por las obras de Valdecilla, para lo cual ha vuelto a proponer al presidente del Gobierno que el Estado renuncie a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de la región a dicha anualidad, que debió ingresarse en las arcas de la autonomía en 2016.