Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica.
El principal detenido en la OPERACIÓN PÚNICA,Francisco Granados, hacía laslabores de conseguidor de la tramadesarticulada por la Guardia Civil. El que fuera número dos del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
Fuentes de la investigación han explicado que, aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política,era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresariosimplicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros. No en vano, el nombre de laoperación Púnicasale de un juego de palabras de los investigadores entre Granados y el nombre científico en latín del granado, el árbol de la granada:punica granatum. Se trata de un recurso habitual de las fuerzas de seguridad a la hora de bautizar sus operaciones para señalar al principal sospechoso como ya ocurrió con LA TRAMA GÜRTEL(correa en alemán) en relación al nombre del principal detenido, el empresario Francisco Correa.
Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica.
En este caso, según las mismas fuentes, erala empresa Cofely-filial de la multinacional francesa GDF Suez- «la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama» y la quese benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.
Contrato de 54 millones con Parla
Cofelypresta servicios de eficiencia energética yen su propia página webanuncia que en 2013 resultó «adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla». El contrato teníauna duración superior a 15 añosy una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.
Según indica, a cambio «tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40 por ciento en el alumbrado público y de más del 6 por ciento en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2». En eso consiste básicamente el negocio de eficiencia energética. Precisamente el alcalde de Parla, el socialistaJosé María Fraile, es otro de los arrestados este lunes. La Fiscalía Anticorrupción emitió a primera hora un comunicado en el que daba cuenta de 51 detenidos, pero fuentes de la investigación confirmaron que en torno a las 18.00 horas eran 30 las personas arrestadas en Madrid, León, Murcia y Valencia. En la nómina figuraban los alcaldes de seis municipios madrileños, concejales y técnicos entre otros cargos públicos así como empresarios. También ha sido arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.
Anticorrupción habla de «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
Aunque Granados figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.
2 % y 3 % de comisión para enriquecimiento personal
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticuladacobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unosingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millonesy medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía elobjetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas. La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.
Todos los detenidos van a ser trasladados a Madrid y serán distribuidos entre los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos o los del Cuartel de Las Rozas. Se trata de las dos instalaciones del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid cuyos calabozos albergan una mayor capacidad. Tras presenciar toda la mañana de ayer los registros en su domicilio, Granados ha sido llevado a Las Rozas, donde permanecerá hasta pasar a disposición judicial.
LA CUENTA SUIZA
Todo empezó el pasado mes de diciembre. Suiza advirtió entonces de que había detectado una cuenta en este país a nombre de Francisco Granados, exnúmero dos del PP de Madrid, y del empresario David Marjaliza, amigo de la infancia, que olían a blanqueo de capitales. Anticorrupción, junto con otros organismos y la Guardia Civil, presentó una querella ante el juez Eloy Velasco. El magistrado imputó a 51 personas de las que ayer fueron detenidas 37 por participar en una trama de corrupción «municipal y regional» infiltrada en Madrid, Murcia, León y Valencia. Esta red presuntamente movió 250 millones en adjudicaciones públicas en los dos últimos años, según la fiscalía.
A lo largo de la jornada se sucedieron los registros en distintos ayuntamientos y domicilios particulares. Los más llamativos se practicaron en la casa de Granados y en los ayuntamientos regidos por los seis alcaldes arrestados (cuatro del PP, uno del PSOE en Parla y otro independiente). En esta operación también fue arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, el secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto, ambos del PP, y concejales y técnicos municipales.
Fuentes de la investigación afirman que el presunto cabecilla de la red era Granados, que usó sus contactos en la política para alimentar esta red. Y que los conseguidores eran los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca.
CONNIVENCIA/ Esta trama con «la connivencia de ediles municipales y funcionarios», según estas fuentes, aseguraban a empresarios de «sociedades constructoras, obras y servicios energéticos» el éxito en las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según una nota de la fiscalía. Fuentes de la investigación apuntan que las comisiones alcanzaron, en algunos casos, el 3%.
Estas mismas fuentes han asegurado que esta red no tiene relación con la financiación ilegal de partidos, sino que está vinculada al enriquecimiento personal de los detenidos. Granados salió de la política por la puerta de atrás después de que se descubriera que ocultaba en Suiza una cuenta con 1,5 millones de euros el pasado mes de febrero. Por su parte, cinco de los seis ediles arrestados solo llevaban tres años en sus cargos.
El juez ha apuntalado esta investigación con intervenciones telefónicas que acreditan que esta red se centró en los restos de la gran corrupción. Sus objetivos eran la adjudicación de servicios municipales y de eficiencia energética. Y se dedicaban a modificar pliegos para hacer «concursos a la carta», siempre según fuentes de la investigación.
LOS DELITOS/ El juez acusa a los imputados de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. Además, un guardia civil ha sido imputado por revelación de secretos por haber avisado a Granados de que estaba siendo investigado.
Además, el togado dictó 259 órdenes para trabar los inmuebles de los imputados, 400 mandamientos para bloquear cuentas bancarias y embargó 30 vehículos de gama alta.
Los arrestados pasarán en los próximos días a disposición judicial tras permanecer en dependencias de la guardia civil. El juez instructor, Eloy Velasco, llegó a la Audiencia Nacional en el 2008. Antes trabajó durante ocho años (1995-2003) como director de justicia en los gobiernos valencianos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, también del PP.
El PP y el PSOE reaccionaron de manera inmediata a esta operación. Los dos partidos anunciaron la suspensión cautelar de militancia de los alcaldes y concejales imputados. Tomás Gómez, el antecesor en el consistorio de Parla de José María Fraile, y aspirante socialista a la Comunidad de Madrid, exigió la dimisión de quien fuera su delfín.
