No podemos llamarlo democracia

Encaramos el final de 2020, año terrible que nos ha dejado hasta el momento más de 50.000 muertos, una desolación económica de la que no saldremos antes de una década, ello si se adoptan las políticas adecuadas, una ciudadanía emocionalmente herida, desconfianza en unas instituciones que no han dado respuesta eficaz y una acción gubernamental que ha erosionado con sus meditadas decisiones la democracia misma.
En estos momentos no se puede sostener, objetivamente, desde una posición democrática real, que en España estamos disfrutando plenamente de los viejos principios de separación de poderes, respeto a las libertades individuales, salvaguarda de la propiedad, libertad de información, libertad de tránsito y empresarial o la no intromisión del aparato del Estado en la vida de la gente.
Que en España la separación de poderes ha estado siempre contaminada y que lo nuestro es más una separación de funciones que otra cosa es indubitado, alcanzando en estos momentos un nivel  de intromisión que no se corresponde con una separación efectiva y democrática de poderes. La pretensión de un Ejecutivo que ya controla el Legislativo para elegir mediante  normativa ad-hoc a los componentes de Consejo General del Poder Judicial no es admisible en términos democráticos, intención esta de control judicial que ya dejó intuir por donde iban las cosas con la muy poco potable designación de la Fiscal General.
No es únicamente la situación sanitaria actual, es la circunstancia política provocada que tiene cerrado el Parlamento con un Estado de Alarma de seis meses que impide controlar al Gobierno y como consecuencia dispone de unas atribuciones que se están demostrando peligrosas para la gente, en donde, sin anestesia, un General de la Guardia Civil declara sin reparo alguno que están espiando a los ciudadanos que emiten opiniones no afectas para el Gobierno, al tiempo que actúan contra la libertad pergeñando un «Ministerio de la Verdad» y perpetrando una Ley para «combatir las fake news» sin aclarar quien controlará al controlador o quien impedirá la censura.
No acaban aquí las cosas no, por desgracia, se prepara normativa para que Hacienda en su labor represora pueda entrar en domicilios y sedes empresariales sin avisar y para cerrar el círculo maligno de todo gobierno omnipotente también se quiere limitar la utilización del dinero en efectivo propiedad de la gente, para que esta, obligada a utilizar otros medios de pago haga que el control de nuestros hábitos de consumo, de nuestra vida en definitiva, les cueste menos esfuerzo. Podemos también decir que estos aspirantes a ingenieros de almas ante todo lo que demuestran es que son refractarios a la libertad, pues al final todo acaba en lo mismo, todo tiene el mismo objetivo : Controlar la vida de las personas.
Si este control no fuese suficiente y la ciudadanía acometiese la improbable decisión de rebelarse ( por su propia cobardía ) ante el secuestro que padece, las restricciones a las empresas, las mentiras oficiales sobre el CORONAVIRUS o los miles de muertos producto de la errática actuación en el manejo de las crisis y quisiera expresar su descontento, siempre tienen a disposición los cuerpos policiales con la «Ley Mordaza» del malhadado Fernández, un santurrón que mucho mal ha causado a la democracia española, en donde conservando la apariencia democrática se ha convertido en una cáscara vacía con apariencia de elecciones democráticas, mientras se lamina la separación de poderes, se desactivan los controles democráticos y el gran hermano gubernamental vigila lo que dice o hace la gente, para que esta sea cada vez más sumisa y dependiente del Estado.