Sánchez anunció que se va a crear un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, pero ese impuesto no aparecerá en el decreto, sino que se presentará al margen.
Pedro Sánchezse ha querido presentar este sábado como una especie de Quijote que resiste las presiones de los poderosos. El presidente español ya tiene un nuevo lema paraespolear a los votantes de izquierda, desmovilizados tras la derrota en las elecciones andaluzas. Con el objetivo de reactivar a sus votantes, Sánchez ha recurrido a la épica para presentar laprórroga del decreto anticrisis.Pero la única medida que puede suscitar algo de debate entre los sectores económicos es elimpuesto a las eléctricas, que ni siquiera irá reflejado en este decreto sino en una proposición de leyal margen, y que emulará el modelo del exbanqueroMario Draghi en Italia, que no es precisamente un revolucionario de izquierdas. La situación vuelve a poner de manifiesto que el Estado no ha podido frenar lainflación galopante agravada por la guerra en Ucrania, tras el primer paquete que ha estado en vigor hasta ahora.Bajo la premisa de que su gobierno»molesta a determinados poderes económicos pero no lo van a quebrar»,Sánchez abrió el grifo del dinero para anunciar queprorrogará hasta el 31 de diciembre las medidas ya conocidas, como la rebaja de veinte céntimos por litro de carburante, yañadirá las siguientes: una rebaja del IVA a la luz del 10% al 5%; un pago único no mensual de200 eurospara familias con una renta inferior a 14.000 euros al año; undescuento del 50% en el abono del transporte público competencia del Estado(los trenes de Renfe) y unatransferencia de fondos a las comunidades y ayuntamientos para que puedan aplicarlo hasta el 30%(queda en sus manos aportar fondos propios si quieren alcanzar también un 50%, lo que sitúa a las comunidades en una posición incómoda ante la opinión pública y prácticamente las aboca a aplicarlo).
Confirmó el incremento del 15% para las pensiones no contributivas. Todo el paquete, que incluye también una congelación del precio del butano, lo cifró en más de9.000 millones.El esfuerzo en el capítulo del gasto vendrá acompañado de una nueva fuente de ingresos.Sánchez anunció que se va a crear un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, pero ese impuesto no aparecerá en el decreto, sino que se presentará al margen, en las próximas semanas, y como unaproposición de ley de los dos partidos de la coalición, PSOE y Unidas Podemos.Aunque tendrá que tramitarlo en el Congreso de los Diputados y ambos partidos carecen de mayoría absoluta,dio por hecho que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. «Esperamos… –comenzó a decir, para después interrumpirse a sí mismo–. No, será el 1 de enero».Este impuesto es el que espolea la épica del Gobierno español, aunque no es una medida exclusiva de la izquierda, sino queen Europa se han ensayado actuaciones similares desde gobiernos de distinto signoy, de hecho,Sánchez reconoció de manera expresa que mira «de manera particular» el caso de Italia, donde Draghi comenzó con una tasa del10% que después elevó al 25%.No se dio ningún detalle, y en un primer momento Sánchez pareció trasladar que no gravará losbeneficios extraordinarios obtenidos por las eléctricas durante el presente año 2022 por el alza del gas, pero en la nota posterior se matizó que sí, porque se fijará el devengo con fecha del 31 de diciembre de este año.
La patronal estatal lleva días recelando de este impuesto, cuando no criticándolo abiertamente, de ahí que Sánchez apostara por una salida a la crisis que no sea egoísta. Cuando se le preguntó por las tensiones en el Consejo de Ministros con Unidas Podemos, fue cuando sacó a relucir que el suyo es un gobierno «incómodo» para los poderosos.»Gobernamos para la clase media trabajadora. Sabemos que eso molesta a determinados poderes económicos, pero nosotros vamos a seguir esa hoja de ruta», dijo, para denunciar los golpes de esos poderes y sus «terminales mediáticas».
El decreto entrará en vigor con su publicación en julio, aunque después deberá ser convalidado en el Congreso. En el caso de las rebajas en el transporte público, su entrada en vigor se demora hasta el 1 de septiembre. El decreto no es tan ambicioso como esperabaUnidas Podemos, que planteaba un cheque de 300 euros.Las negociaciones fueron muy intensas hasta el último minuto yvolvieron a poner a prueba las costuras de esta coalición.
La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos,Yolanda Díaz, quiso quedarse con la parte positiva y dijo que es una «herramienta sólida»para frenar lasubida de los precios. Tampoco se modulará el descuento del carburante en función de las rentas y está por ver el rumbo que toma el impuesto a las energéticas, porque Podemos pedía una subida de diez puntos en Sociedades para las eléctricas (mirando aEndesa e Iberdrola) y petroleras. El cheque de 200 euros, por su parte, no es acumulable, es decir, no lo pueden cobrar, por ejemplo, quienes reciben el IMV.
