MÁS DE 30 CAUSAS ABIERTAS. Se encuentran pendientes de juicio oral cuatro de los procedimientos más relevantes, entre ellos el del caso La Loma, con 50 imputados. Grupo Diariocrítico/agencias La instrucción de las más de 30 causas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales por posibles casos de corrupción en ese Ayuntamiento, refleja «un estado delictivo generalizado». Así lo señala la Fiscalía de Cantabria en su memoria anual de 2012, en la que destaca que el Juzgado nº 2 de Castro Urdiales, del que es titular el juez Luis Acayro, continúa con la tramitación de numerosos procedimientos por posibles casos de corrupción municipal sin las medidas de apoyo que se articularon en años anteriores a través de un juez de refuerzo. En su memoria anual, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía destaca que se ha finalizado la instrucción de los «macroprocedimientos» por delitos contra la ordenación del territorio que en ejercicios precedentes colapsaron los juzgados de la villa castreña. En este momento se encuentran pendientes de juicio oral cuatro de los procedimientos más relevantes, entre ellos el del caso La Loma, en el que hay cerca de medio centenar de imputados, entre cargos públicos, empresarios y funcionarios municipales. La Fiscalía destaca que de las distintas actuaciones que se han practicado en el marco de las más de 30 causas que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, se deduce que la Corporación Municipal «contrataba sin expediente administrativo previo, sin control previo de la Comisión Informativa, sin declaración de necesidad o urgencia, sin justificar la adjudicación directa. En definitiva, vulnerando total y absolutamente las normas que regulan el procedimiento de contratación». Añade que los múltiples contratos suscritos en el periodo de investigación, de 1999 a 2008, y la presunta implicación de las diferentes Corporaciones Locales que gobernaron el municipio en esas fechas en distintos delitos (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias), «supone un estado delictual generalizado». Las imputaciones afectan a empresarios, funcionarios y miembros de la Corporación municipal a lo largo de varias legislaturas, entre ellos los tres últimos alcaldes, Rufino Díaz Helguera (PSOE); Fernando Muguruza (PRC) y el actual regidor, Iván González (PP).