La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico ha recibido con “máxima decepción e indignación” la concesión de la licencia de apertura aprobada por el Ayuntamiento de Santander para un establecimiento de McDonald’s en el Mercado de Puertochico, una decisión que, a juicio del colectivo vecinal, consuma un “pelotazo urbanístico” que aún está pendiente de la correspondiente licencia de obra.
Tras meses de oposición vecinal, de la Asociación de Vecinos del Ensanche y de la presentación de enmiendas al proyecto, los vecinos consideran que esta autorización supone “un nuevo jarro de agua fría”, previsible pero no por ello menos decepcionante. Recuerdan que el proyecto inicial contemplaba un mercado de barrio con pequeños comerciantes de producto fresco, en simbiosis con una hostelería de pequeña escala vinculada al producto local, un planteamiento que, denuncian, ha sido completamente desnaturalizado.
Desde la Comisión critican además las formas en las que el equipo de gobierno del PP ha desarrollado el proceso, que califican de “nulo en transparencia y participación”. En su opinión, la privatización de la gestión del mercado ha preparado el terreno para que un espacio y servicio público termine siendo objeto de especulación.
Los vecinos consideran que se trata de “uno de los mayores errores de la legislatura”, ya que, aseguran, no solo rompe con la naturaleza y la historia del Mercado de Puertochico, sino que también deteriora el entorno urbano, afectando a la imagen de la Biblioteca y Centro Cultural Doctor Madrazo y del parque infantil de la plaza pública, que denuncian como abandonado por el equipo de gobierno.
Según relatan, el proceso ha seguido un patrón “previsible”: primero se dejó degradar la infraestructura del mercado y posteriormente se aprovechó la rehabilitación para privatizarlo. La reforma incluyó un parque infantil que actualmente se encuentra desvalijado y convertido en un “estanque insalubre”, así como una plaza pública que carece incluso de iluminación nocturna.
La Comisión denuncia que este “atropello a lo público, al barrio, al mercado y al pequeño comercio”, pese a la oposición vecinal, solo puede explicarse por la “cerrazón e interés” de la alcaldesa en que el proyecto salga adelante. Subrayan además que no solo la multinacional se beneficiaría de la operación: la empresa gestora Baika prevé, según los vecinos, beneficios de hasta 300.000 euros anuales mientras abona un canon de apenas 6.400 euros al Ayuntamiento. “Las cuentas son sencillas”, aseguran.
Recuerdan que el mercado es un edificio público, regido por la Ordenanza de Mercados Municipales, y que el gobierno municipal “lo pone a precio de saldo” para beneficiar a una empresa privada y a una multinacional, desplazando a los pequeños comerciantes.
Pese a todo, los vecinos no dan el conflicto por cerrado y sostienen que aún hay margen para frenar el proyecto, ya que será necesaria una futura licencia de obra. “Ese es el momento en el que el equipo de gobierno debería parar esta operación”, afirman.
Por último, la Comisión denuncia la presión del Ayuntamiento para que retiren la pancarta reivindicativa en defensa del mercado, alertando del “grave precedente” que, a su juicio, supone para la libertad de expresión, y recuerdan que ningún equipo de gobierno anterior había intentado algo similar.
