La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado durante los registros del caso Koldo un pendrive oficial de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria en el domicilio de José Ruz, un empresario valenciano vinculado a los principales investigados en la trama.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, el dispositivo —de color azul y serigrafiado con el logotipo institucional cántabro— fue localizado en la vivienda de Ruz, quien mantenía contactos directos con Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. La UCO considera que este constructor actuaba como enlace operativo entre los implicados, trasladando información y «novedades» de sus reuniones al ex asesor del exministro de Transportes.
El hallazgo del pendrive cántabro, en pleno centro de una operación nacional por el presunto amaño de contratos públicos, abre una nueva vía de investigación sobre posibles vínculos entre la red de Ábalos y funcionarios o contratistas en la comunidad autónoma de Cantabria.
La pieza se suma a la documentación intervenida por los agentes entre el 10 y el 11 de junio, en registros simultáneos realizados en seis comunidades autónomas. Entre los materiales incautados también figura un «esquema manuscrito» con el nombre de Ábalos, documentación relativa a adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento, y más de 16.000 euros en efectivo ocultos en mochilas y bolsas zip en el garaje del empresario Antxón Alonso Egurrola (Servinabar).
La Guardia Civil también ha requisado pendrives con distintivos del Congreso de los Diputados, el PSOE, la Generalitat Valenciana, Ecoembes y constructoras como Etosa, en domicilios y sedes empresariales vinculadas a la trama. En la vivienda de Ábalos se localizaron además contratos privados y documentación financiera compartida con su hijo.
La aparición de un dispositivo institucional del Ejecutivo cántabro en un entorno vinculado a posibles comisiones ilegales y adjudicaciones amañadas obliga ahora al Gobierno de Cantabria a dar explicaciones. No se descarta que se inicie una investigación interna o una auditoría para esclarecer cómo ese material pudo acabar fuera del circuito administrativo.
