CORE considera que el Gobierno anterior (PRC-PSOE) debería asumir responsabilidades políticas, e incluso personales si de su actuación derivara alguna responsabilidad económica para la Administración.
La Plataforma CORE ha pedido este martes al Gobierno de Cantabria queempiece desde cerola planificación eólica, y que tramite un plan eólico con un desarrollo normativo propio e independiente. Asimismo, advierte de la parálisis que generará el recurso de las empresas ante elTribunal Supremocontra la anulación del concurso eólico convocado en la anterior legislatura.
CORE (Cántabros por la Ordenación Racional del Desarrollo Eólico) considera además que las adjudicatarias del concurso eólicono tienen ningún derecho a indemnizaciónporqueconocían perfectamente la ilegalidad del procedimientoy pese a ello colaboraron con el Gobierno, por lo que esperaque la Fiscalía esté vigilante para evitar que salga dinero de la caja pública con un procedimiento tan burdo.
Asimismo, advierte que la decisión de las adjudicatarias de recurrir ante elTribunal Supremola anulación del concurso eólicova a provocar muchos años de inseguridad jurídica, una situación que se va a prolongar mientras no haya una resolución firme del Supremo, si bien CORE da por hecho que el alto tribunal no va a cambiar el sentido de la sentencia del TSJC.
La plataforma cree que el Gobierno de Cantabria debería aprovechar este parón provocado por las concesionarias recurrentes para aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que lleva11 años de retraso, así como la Ley del Paisaje, el nuevo plan energético, y un plan eólico específico, tramitado de forma independiente, que se someta a evaluación ambiental estratégica, que cuente con la necesaria transparencia y participación social, y que defina de antemano las zonas de exclusión y de acogida de parques eólicos.
Hay tiempo de sobra para empezar tranquila y ordenadamente desde cero, afirmaron este martes en rueda de prensa Javier Ceruti y Felipe González, quienes puntualizaron que al margen de laparálisis impuestapor las empresas al recurrir al Supremo, también hay que tener en cuenta que con la suspensión de las primas a las renovables por parte del Gobierno central, ninguna industria eólica va a asumir en estos momentos la instalación de parques, por lo queno hay prisas, ha desaparecido la presión, señalaron.
Al mismo tiempo, CORE considera que el Gobierno anterior (PRC-PSOE) debería asumir responsabilidades políticas, e incluso personales si de su actuación derivara alguna responsabilidad económica para la Administración. Ceruti afirmó que la sentencia del TSJC pone en evidenciaverdaderos bombazos jurídicosque demuestran que el anterior Gobierno no cometiópequeños errores, sino que se atacó la línea de flotación del sistema jurídico español con una planificación chapucera.
Añadió que la sentenciaconfirma uno por unolos argumentos mantenidos por CORE durante los últimos tres años: que la tramitación eraradicalmente nula por contraria a derecho; que el Gobierno actuó contra los principios fundamentales de la ordenación territorial, la cautela y la protección del medio ambiente; que antes de promover el desarrollo de la energía eólica era imprescindible culminar la planificación territorial; y que ningún gobierno puede aprobar un plan de esa envergadura sin dar audiencia a los ciudadanos interesados, y menos de espaldas a ellos.
En este sentido, Ceruti destacó que la limitación de la publicidad del concurso a los licitadores,perfectamente reconocida en la sentencia, es por sí misma causa suficiente para anular todo lo actuado.
Añadió que el anterior Gobierno pudo haber desarrollado sin ningún impedimento legal hace siete-ocho años, los 300 megavatios del Plan Energético (Plenercan) 2005-2011, que comparados con los 1.500 del concurso eólicoparecen pocos, pero en el contexto español es muchoen proporción a lo que representa Cantabria en el conjunto del país.
El portavoz de CORE destacó que la plataforma siempre ha defendido la implantación racional de la energía eólica y consideraba apropiados los 300 mw del primer Plenercan, mientras que lossedientes defensoresde la eólica del Gobierno anterior no desarrollaron ni uno de éstos, y las empresas, que tan preocupadas estaban por el cambio climático, acaban de condenar a Cantabria a la parálisis eólica durante muchos años, los que tarde en resolver el Supremo si se admite a trámite el recurso.Los protagonistas se van quitando la careta, apostilló.
Añadió que los 700 mw anunciados por el actual Gobierno para el nuevo Plenercanson justo el doble de lo que Cantabria tiene que asumir en función de la demanda de energía, pero más allá de eso, a CORE lo que realmente le preocupa es queno ha conseguido ver esa cifra en los papeles.
En todo caso, la plataforma cree que el Gobierno debe renunciar al plan que empezó a tramitar el anterior Ejecutivo, y queerróneamente rescató, porque,como ha establecido la sentencia, éste estaba viciado de nulidad. Además, subraya que en cualquier caso, el nuevo planeamiento deberá respetar las zonas de exclusión del Plenercan 2005-2011 (zonas de especial protección para las aves (ZEPA), red Natura, parques naturales,….), porquelos criterios con los que se establecieron permanecen sin ninguna variación.
A CORE le preocupan especialmente zonas vulnerables como los territorios pasiegos o los valles del Sur quesiempre han estado en el punto de mira de la industria eólica. En este sentido, Felipe González destacó que la ubicación de los parques eólicos esel elemento clavey reclamó un estudio de base que defina cuánta energía eólica cabe en Cantabria sin dañar el medio ambiente y el territorio.
Que no lo decida la industria, subrayó, a la vez que pidió al Gobierno quese libere de compromisos con las empresas y haga tabla rasa. Los portavoces de CORE señalaron al respecto que la seguridad jurídicasolo se consigue por el camino que ha marcado la sentenciadel TSJC. La plataforma, afirmaron, se pone nuevamente a disposición del Gobierno para colaborar en el objetivo de un desarrollo racional de la energía eólica en Cantabria.
