La Justicia ha suspendido de forma cautelar la orden dictada por la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, que pretendía paralizar de manera inmediata el centro de acogida de menores migrantes habilitado en el municipio, dando así la razón provisional al Gobierno de Cantabria.
La decisión ha sido adoptada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander, que ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ejecutivo regional, permitiendo que el centro continúe operativo mientras se resuelve el fondo del conflicto judicial.
El Gobierno autonómico recurrió la resolución municipal apenas unas horas después de que la Alcaldía ordenara iniciar actuaciones para “restablecer la legalidad urbanística” y exigiera al Instituto Cántabro de Servicios Sociales la paralización inmediata del recurso asistencial. Una actuación que el Ejecutivo regional consideró precipitada y con graves consecuencias prácticas.
La magistrada ha optado por suspender la orden sin escuchar previamente al Ayuntamiento —una figura jurídica excepcional— al entender que la paralización inmediata de un centro de acogida de emergencia podría dejar sin efecto la resolución judicial si se demoraba la decisión. Eso sí, concede ahora tres días al Consistorio para presentar alegaciones.
El auto evita pronunciarse sobre el fondo del asunto —si la actuación municipal es o no legal— pero deja en evidencia el choque entre administraciones y, en la práctica, desautoriza de forma temporal a la alcaldesa, que trató de frenar un centro impuesto sin consenso vecinal ni planificación previa.
Mientras el procedimiento judicial sigue su curso, la resolución judicial mantiene el statu quo y permite que el centro continúe funcionando, reforzando la sensación entre muchos vecinos de que las decisiones clave sobre su municipio se toman lejos del Ayuntamiento y sin margen real de actuación local.
