Camino ya de cumplir un año desde el encierro en Peñaherbosa, cuando se notificó que el Gobierno no preveía partida alguna para la adecuación salarial docente tras 17 años y más de 34 puntos de inflación acumulada, el consejero Silva ha tenido tiempo y propuestas de sobra para demostrar su capacidad al frente de la Consejería de Educación, pero solo ha conseguido extender los encierros, las protestas y huelgas.
La masiva movilización del colectivo docente durante el curso pasado ha ido haciendo decaer, una tras otra, las intenciones de Silva de dividir al profesorado con complementos, penalizar salarialmente las bajas médicas, dictar la formación, etc. Sin embargo, después de tanto, la negociación se ha enquistado en un punto fundamental, que podría convertir en “papel mojado” todos los avances logrados: la intención de incluir una cláusula en el acuerdo, que condiciona su cumplimiento a la aprobación de presupuestos durante su extensión temporal (años 2026, 2027, 2028 y 2029).
Los sindicatos que componen la Junta de Personal señalan que es una condición inaudita, nunca vista en la historia de los acuerdos educativos, como tampoco aparece en los alcanzados con la Consejería de Sanidad o Presidencia, que pretende convertir a los casi 9000 docentes de Cantabria en “rehenes” de negociaciones partidistas futuras, de las que se niegan a depender. Sin embargo, el consejero considera una “línea roja” esta condición, que ha hecho incluso marca personal al denominarla “cláusula Silva”, y se niega a retirarla, enquistando así el conflicto.
La Consejería, a través de sus acciones y declaraciones, ha perdido por completo al profesorado, que en una encuesta realizada a través de EduCantabria se mostraba “muy insatisfecho” (78%) o “insatisfecho” (16%) con su gestión, con solo 3 de cada 100 docentes señalándose satisfechos en algún grado. Así las cosas, la política de Silva se ha ido basando cada vez más en la coacción, llegando a cerrar el colegio del Pedregal castreño pese a la sentencia que anulaba el acuerdo, a postergar la toma de posesión de los interinos para que no pudieran hacer huelga, o a tratar de imponer servicios mínimos incompatibles con este derecho fundamental, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el auto cautelar que los suspendía.
Las tres últimas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo que evitara la necesidad de ir a la huelga han sido iniciativa de la Junta de Personal Docente, y en la última cita convenida, en la tarde del viernes, el consejero Silva “dio plantón” a los representantes del profesorado de Cantabria, renunciando a negociar y abocando el comienzo del curso a las sucesivas huelgas de los días 8 y 9 (en colegios); 11 y 12 (en institutos); 17 y 18 (en CEPAs, conservatorios de música y enseñanzas artísticas); 7 y 8 de octubre (en Escuelas Oficiales de Idiomas), con una manifestación unitaria que partirá el lunes 8 desde el Río de la Pila de Santander, a las 18 horas.
Tanto por su demostrado desinterés por negociar, como por haber intentado imponer un decreto que conculcaba el derecho fundamental a la huelga y ha tenido que tumbar la Justicia, como por su obcecación en incluir una cláusula inaudita que amenaza con eternizar el conflicto, parece evidente que el papel jugado por Sergio Silva tiene que acabar, para que cambie la interlocución del Gobierno y pueda comenzar el curso con la normalidad que desea toda la comunidad educativa.
