La caja B del PP y las comisiones del 3% en el círculo de Más-Trías en el punto de mira

Según Anticorrupción, se incorporarán al procedimiento correspondiente las palabras realizadas por Correa de que recibía comisiones de empresarios por la adjudicación de obras de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento.
Las declaraciones que el principal acusado del ‘caso Gürtel’,Francisco Correa, prestó en el juicio en la Audiencia Nacional no han caído en saco roto. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de la reapertura del caso de los papeles de Bárcenas, en el que se investiga la presunta financiación del PP a través de unacaja Bdurante al menos 18 años, para practicar varias diligencias, entre las que figura tomar declaración al empresario.
Ahora el juezJosé de la Matadeberá decidir si reabre el caso, que ya había concluido y estaba a la espera de que se fijara fecha para celebrar el juicio, para realizar las nuevas diligencias solicitadas o mantiene su conclusión.
Según Anticorrupción, con la práctica de estas diligencias se incorporarán al procedimiento correspondiente las palabras realizadas por el propio Correa de que recibía comisiones de empresarios por la adjudicación de obras de los ministerios deMedio Ambiente y Fomento. Él llevaba a la sede central del partido, en la calle Génova de Madrid, para entregárselas al extesoreroLuis Bárcenas.
En palabras del propio Correa en el juicio: «Venia un empresario, nos daban la licitación, y yo se lo pasaba a Luis Bárcenas. Él la gestionaba con el correspondiente ministerio y el empresario, si era adjudicatario, me entregaba un porcentaje del 2 o 3% y yo se lo llevaba a Génova».
A raíz de sus palabras, laAsociación de Abogados Demócrata por Europa e Izquierda Unida,que ejercen la acusación en el procedimiento, solicitaron que Correa fuera interrogado en el procedimiento en el que se investiga la financiación irregular del PP. Ahora en el informe en el que se pronuncia sobre esta petición, el fiscal adscrito al caso,Antonio Romeral, se muestra partidario de esta reapertura para proceder a interrogar a Correa.
También se muestra partidario de que se interrogue al constructorAlfonso García Pozuelo, uno de los tres acusados arrepentidos que declararon ante el tribunal de la Gürtel en relación con el pago de comisiones para la adjudicación de contratos. Este empresario admitió que parte de lo que pagó era para «órganos centrales» sin especificar más.
En la petición de las acusaciones populares también se incluía llamar a declarar al empresarioJuan Miguel Villar Mir, propietario deOHL. Izquierda Unida basaba su petición en informaciones relativas a que el expresidente balearJaume Matashabría ofrecido a Anticorrupción información relativa a queJavier Arenasorganizó una reunión en la sede del partido de la calle Génova con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta para que se adjudicara a OHL la reforma de un hospital en las islas. Ello cuadra con el dato de que Bárcenas apuntara «JM Villar Mir 180.000 euros» en el 2006. Considera que todos ellos son hechos nuevos que permiten solicitar la reapertura de las actuaciones, con la nueva imputación de los empresarios y la declaración de Matas y de Correa como testigos.
El juez de la Audiencia NacionalPablo Ruz, que antecedió a De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción número 5, dio por concluida la instrucción del caso de la caja B del PP el 24 de marzo de 2015. Ruz proponía juzgar a los extesoreros del PP Luis Bárcenas yÁlvaro Lapuerta-que en el juicio que se está celebrando se ha librado del banquillo por demencia sobrevenida-, el exgerenteCristóbal Páezy dos responsables y una empleada de Unifica, la empresa que realizó las obras de reforma de la sede de la calle Génova, parte de las cuales se pagaron en negro.
LAS COMISIONES DEL 3 POR CIENTO EN CATALUÑA
Los investigadores del último golpe contra la ‘trama del 3%’, de supuesta financiación irregular de CDC, prosiguen con sus pesquisas a la espera de que los 18 arrestados pasen a disposición judicial. La Fiscalía Anticorrupción pone en foco especialmente en lasagendasy loscorreos electrónicosde los que la Guardia Civil se incautó el jueves, junto con expedientes administrativos de las obras bajo sospecha. Según fuentes de la investigación, dichos expedientes serían «impecables», por lo que los investigadores sospechan que los amaños se forjaron en reuniones previas, de ahí la importancia de comprobar las agendas y los ‘e-mails’.
De hecho, la nota difundida por la Fiscalía el jueves ya exponía cómo se habrían fraguado las irregularidades: «Por un lado, los concursos son amañados de manera que lasirregularidadesno consisten en saltarse los requisitos formales, sino en que vienen otorgadas previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad. Por ello, si se analizan dichos concursos sin el contexto de lasreuniones previasy las donaciones, fundamentalmente a ‘CatDem’, no se atisba su carácter fraudulento. Por otro, los concursos estarían controlados».
Este mismo comunicado apuntaba al extesorero de CDCAndreu Viloca, uno de los detenidos, como epicentro de la trama: «Durante el desarrollo de la investigación ha quedado acreditado que Viloca, siendo administrador y tesorero de la entonces CDC (antes CiU) y de la Fundació CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC. Además, Viloca es quien controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona».
La Guardia Civil ha empezado a interrogar este viernes en Tarragona a los detenidos: el exdirigente de CDC Francesc Sánchez, el exteniente de alcalde de Barcelona y exresponsable de BIMSA, Antoni Vives; el extesorero de CDC y la fundación Catdem Andreu Viloca; el exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell; el exconsejero delegado de Copisa Xavier Tauler, Josep Manel Bassols y Sergio Lerma (Oproler) y Félix Pasquina (Pasquina). Sin embargo, la mayoríaa de los arrestados ya habían advertido de que previsiblemente se negarían a declarar mientras se mantenga el secreto de sumario. Es el caso de Sanchez y Viloca, como ha confirmado su abogada, Judith Jané.
El propio Sanchez así lo ha confirmado este viernes pasada la una y media de la tarde, tras quedar en libertad. El que fuera excoordinador de régimen interno de CDC, que se ha mostrado cansado pero tranquilo, ha evitado pronunciarse sobre posibles querellas y ha afirmado que la Guardia Civil les dispensó un trato exquisito. «Conozco el caso muy bien porque soy el abogado de Convergencia y estoy absolutamente tranquilo, sé cómo está el proceso», ha afirmado a los medios de comunicación.
Preguntado sobre si consideraba que la fecha de la operación tenía intencionalidad política al producirse los días próximos al juicio por el 9-N, Sanchez, ha lanzado una respuesta irónica: «Esto ya sabemos que pasa siempre, pero no quiero decir nada más de lo que ya todos sabemos». También ha manifestado que le pueden investigar «de arriba abajo porque no encontrarán nada».