Este lunes se inicia la discutible huelga de transportes

Entre las demandas, piden que el Gobierno garantice que se cumpla la ley aprobada en agosto que prohíbe que trabajen a pérdidas y, por otra parte, también reclaman que se refuercen las inspecciones.
Este lunes comienza la discutible huelga del transporte de carretera, después de terminar sin acuerdo la reunión de este jueves entre representantes del Ministerio de Transportes y miembros de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.
«El paro del próximo lunes continúa», ha señalado a ‘TVE’ su presidente,Manuel Hernández, a la salida del encuentro.
Ambas partes se han citado en la mañana de este jueves con el objetivo de buscar una solución para evitar que se produzcan las movilizaciones convocadas a partir del próximo 14 de noviembre.
«Necesitamos que demuestren esa voluntad que nos prometieron durante la negociación del real decreto», ha señalado el presidente de la plataforma.
Entre sus demandas,piden que el Gobierno garantice que se cumpla la ley aprobada en agosto que prohíbe que trabajen a pérdidasy, por otra parte, también reclaman que se refuercen las inspecciones.
En definitiva, quieren un acuerdo firmado donde se especifique en qué plazo se van a cumplir los compromisos adoptados y que, según ha remarcado, «no se están realizando».
Así, ha indicado que quedan a la espera de un documento con unos compromisos «serios y firmados» y que cumplan las exigencias para evitar así que se inicien los paros el próximo lunes.
Esta plataforma, que representa a autónomos y pequeñas empresas del transporte,denuncia la «pasividad» del Gobierno a la hora de controlar que se cumplan la normativa aprobada en agosto.
Hasta ahora, las movilizaciones no cuentan con el apoyo del resto de grandes patronales del sector, como elComité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano donde no está integrada la asociación convocante, pero que pactó en marzo con el Gobierno la normativa vigente.
Además, el resto de asociaciones considera que la ley aprobada favorece las condiciones laborales de los transportistas y, por tanto, no justifica los paros.
En la cita de este jueves, el ministerio ha puesto en valor la normativa aprobada hace 3 meses, destacando la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y las ayudas directas al sector de 900 millones de euros, en las que se encuentrauna partida de 2.500 euros por camión, o 1.000 euros en el caso de furgonetas.
Además, desde el Ejecutivo han recordado los mecanismos de inspección aprobados y han anunciado que en las próximas semanasse aprobará unplan de inspección para 2023que pretende controlar que se cumplen las nuevas leyes en el sector respecto a precios, morosidad y carga y descarga.
En todo caso, han vuelto a recordar que los transportistas tienen los medios y el deber de denunciar las infracciones que les afecten durante su actividad.
Por todo ello, desde el ministeriohan pedido de nuevo a la Plataforma a recapacitar y desconvocar un paro que creen que «no beneficia a nadie», ni dentro ni fuera del sector.
Este jueves, antes de finalizar la reunión entre ambas partes, la ministra de Transportes,Raquel Sánchez, ha asegurado que su prioridad de cara al paro de transportistas es garantizar el derecho al trabajo de los profesionales que no secunden la protesta y que no se interrumpa la cadena de suministros, como ya sucedió en marzo.
«Lo importante es asegurarnos que a partir del día 14 hay un funcionamiento pleno de los transportes, que hay continuidad en la cadena de suministros», ha subrayado este jueves la ministra en una comparecencia en Palma de Mallorca.
También ha expresado su disposición a «hablar con todo el mundo», pero ha remarcado que»esto no es una huelga, es un paro patronal», de modo que no puede haber piquetes, ha señalado.
La ministra Sánchez aseguró que el Gobierno ha cumplido con las reivindicacionesdel sector, pero tampoco ha negado que haya otros problemas para los que, ha indicado, están dispuestos a intentar solucionar. En esta línea, ya pidió a los transportistas que denunciaran las irregularidades por parte de los cargadores para que el órgano de inspección pueda sancionarlas.