La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha asestado este jueves un golpe sin precedentes a la cúpula del Ministerio Fiscal. Por cinco votos a dos, el alto tribunal ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal, en lo que ya se considera un fallo histórico.
Los magistrados han considerado probado que García Ortiz participó en las maniobras para filtrar información confidencial relacionada con la denuncia por un doble delito de fraude a la Hacienda Pública de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Una actuación que, según el Supremo, vulneró de forma directa la obligación de reserva que exige el cargo de fiscal general.
Avalado por Sánchez hasta el final
La condena llega tras meses en los que García Ortiz recibió el respaldo absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a las advertencias sobre la gravedad de los hechos. El fallo, por tanto, supone también un correctivo institucional al Ejecutivo, que defendió públicamente al fiscal general incluso después de que la investigación judicial señalara graves irregularidades.
Un hecho sin precedentes en la Fiscalía española
Con este pronunciamiento, el Supremo inhabilita al máximo responsable del Ministerio Fiscal, abriendo un escenario inédito en la historia de la Justicia española.
La crisis institucional no tiene precedentes: el fiscal general queda desacreditado, el Gobierno vuelve a quedar en entredicho y el caso se convierte en uno de los mayores escándalos políticos del año.
El origen: la filtración contra Ayuso
El caso estalló cuando se revelaron datos protegidos de González Amador en plena confrontación política. Ayuso denunció entonces una operación orquestada desde el Gobierno para atacarla utilizando información bajo secreto.
Hoy, el Supremo da la razón a quienes alertaban de una maniobra desde dentro del Ministerio Fiscal.
