El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Cantabria reciba a 156 menores extranjeros no acompañados, una cifra que supera con creces la capacidad actual de acogida de la comunidad, que dispone de solo 36 plazas habilitadas. Se trata de un reparto decidido desde Madrid sin consenso con las comunidades autónomas, y que ha sido comunicado por el Ministerio de Juventud e Infancia como parte del plan de redistribución de menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla.
En mayo, el propio Ejecutivo central calculó que Cantabria debería tutelar 148 menores. Ahora, apenas dos meses después, la cifra ha aumentado, y la región deberá asumir más del cuádruple de su capacidad real, sin contar con el personal ni la infraestructura necesaria.
La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, ya advertía hace semanas que el sistema no puede absorber una llegada masiva: “Entraríamos en una situación de emergencia y habría que actuar conforme a los escasos recursos de los que disponemos”.
A pesar de ello, el Gobierno impone esta nueva carga a Cantabria y a otras regiones, con el argumento de que el Estado financiará la acogida con 2 millones de euros, una cifra que muchos consideran insuficiente para garantizar una atención digna y mantener la seguridad.
Cataluña y el País Vasco, fuera del reparto obligatorio
Mientras Cantabria y otras comunidades deberán absorber este incremento, Cataluña y el País Vasco, cuyos sistemas están supuestamente “tensionados”, quedan exentos del reparto obligatorio. La Generalitat ha accedido únicamente a recibir 31 menores de forma voluntaria. Una decisión que vuelve a favorecer a los socios preferentes del Gobierno, mientras se carga a otras regiones con el grueso de la responsabilidad.
En total, 3.975 menores migrantes serán redistribuidos en la península, con Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571) entre las más afectadas. El reparto se presentará este martes 8 de julio en una Comisión Sectorial que se prevé conflictiva, especialmente con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que ya han mostrado su rechazo frontal a los criterios impuestos por el Ejecutivo.
Una carga impuesta, y aún más costes
El Ministerio sufragará los traslados y la acogida durante los primeros tres meses, pero después serán las comunidades las que deberán asumir el coste. El real decreto aprobado en marzo, que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería, permite esta derivación forzada sin contar con el consentimiento de las autonomías.
El reparto incluye una bolsa de 100 millones de euros, de los cuales una parte irá destinada a compensar a comunidades como Aragón, Baleares, Ceuta, La Rioja, Navarra, Madrid o Cantabria, por la sobrecarga que ya están soportando. Aun así, muchos gobiernos regionales consideran que el dinero no resuelve el problema de fondo: la falta de planificación, la saturación del sistema y la creciente presión migratoria que sigue aumentando.
Una política sin control ni consenso
Desde el Ministerio aseguran que buscan “el equilibrio” entre territorios y reprochan a algunas comunidades el “bloqueo sistemático” a los acuerdos. Sin embargo, la realidad es que muchas regiones han sido ignoradas y ahora deben enfrentarse a una decisión impuesta sin diálogo ni margen de maniobra.
Cantabria, como otras comunidades, vuelve a verse obligada a asumir un reto para el que no está preparada, mientras el Gobierno continúa una política migratoria marcada por la improvisación, la cesión ante intereses ideológicos y la falta de coordinación con quienes deberán ejecutar sus decisiones sobre el terreno.
