El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización para que la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, se persone como coadyuvante de las partes demandadas en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra diversas disposiciones de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Las disposiciones impugnadas —la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena— modifican el régimen de protección de determinadas especies silvestres, incluyendo al lobo al norte del Duero, permitiendo en eficiencia del sistema productivo medidas de extracción y captura de ejemplares de lobos y, con carácter general, de cualquier especie depredadora que tenga un alto impacto en el sistema productivo.
El Ejecutivo cántabro considera que esta regulación se encuentra dentro del marco constitucional y de las competencias autonómicas. Por ello, el acuerdo responde al interés de la Comunidad Autónoma en que el lobo sigua fuera del LESPRE y en defender su ámbito competencial y garantizar que la normativa estatal preserve la capacidad de actuación de Cantabria en materia de gestión de fauna silvestre y protección del equilibrio entre biodiversidad y actividad ganadera.
