La tragedia de la pasarela de El Bocal, en Santander, que costó la vida a seis jóvenes, debería haber servido para algo más que para una cadena de declaraciones políticas, ruedas de prensa y reproches cruzados. Sin embargo, apenas han pasado unos días y el espectáculo del bipartidismo ya está en marcha: PP y PSOE señalándose mutuamente mientras las familias siguen llorando a sus hijos.
Porque lo cierto es que, más allá de las declaraciones institucionales y de los gestos de cara a la galería, ambos partidos tienen responsabilidades en lo ocurrido. Y lo que estamos viendo no es una búsqueda sincera de explicaciones, sino un intento evidente de repartir culpas para que nadie pague realmente por lo sucedido.
Por un lado está el Ayuntamiento de Santander, gobernado por el PP y con Gema Igual al frente. La alcaldesa ha prometido “transparencia total”, pero lo cierto es que cada día aparecen más dudas. Especialmente después de conocerse que existió un aviso al 112 sobre el mal estado de la pasarela un día antes del colapso, aviso que fue trasladado a la Policía Local.
La pregunta es sencilla: ¿qué se hizo con ese aviso?
Si existía un riesgo y se sabía, ¿por qué no se actuó? ¿Por qué no se cerró la pasarela? ¿Por qué no se revisó la estructura? Son preguntas que todavía no tienen respuesta clara.
En este contexto, ha generado especial malestar que Gema Igual haya comenzado a deslizar que la responsabilidad podría recaer en la Policía Local, insinuando que si hubo una llamada y no se actuó, el problema estaría en la gestión policial. Una estrategia que muchos consideran una forma de desviar responsabilidades hacia los agentes en lugar de asumir las decisiones políticas y de gestión que corresponden al Ayuntamiento.
Intentar trasladar el foco hacia la Policía Local no solo abre un nuevo frente, sino que da la sensación de que se busca un chivo expiatorio dentro de la propia administración municipal.
A esto se suma otra crítica que cada vez se escucha con más fuerza en la ciudad: la sensación de abandono de Santander por parte de su alcaldesa. Mientras la ciudad intenta asimilar una de las tragedias más graves que se recuerdan en los últimos años, muchos vecinos consideran que Igual lleva demasiado tiempo más pendiente de agendas institucionales, viajes y actos fuera que de los problemas reales de la ciudad.
Pero si el PP intenta escudarse en la gestión municipal, el PSOE tampoco puede lavarse las manos. Y aquí es donde el debate político se vuelve aún más incómodo.
La senda litoral y las infraestructuras
vinculadas a la costa dependen en gran parte del Gobierno central, es decir, del PSOE. Por tanto, hablar de mantenimiento, inspecciones o inversiones en estas estructuras también obliga a mirar hacia Madrid.
Sin embargo, lejos de asumir ese debate con responsabilidad, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha optado por una estrategia mucho más agresiva: hacer sangre política con la tragedia.
Sus declaraciones en los últimos días han sido durísimas contra el Ayuntamiento, pero muchos consideran que cruzan una línea peligrosa: utilizar una tragedia con seis fallecidos para desgastar al adversario político.
Cuando hay vidas humanas de por medio y familias destrozadas, la política debería tener un mínimo de respeto. Pero en este caso, ese límite parece haberse diluido.
La polémica no termina ahí. También ha generado indignación el comportamiento del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que se encontraba en México cuando ocurrió la tragedia y permaneció allí durante varios días más.
Casares justificó su ausencia asegurando que no había vuelos disponibles para regresar antes, una explicación que ha sido cuestionada por diferentes fuentes, que aseguran que sí existían conexiones para volver a España en ese periodo.
Su permanencia en el extranjero mientras Cantabria vivía uno de los momentos más dramáticos de los últimos años ha sido muy criticada.
En ese viaje además le acompañaba la concejal socialista de Santander, Paz de la Cuesta, lo que ha incrementado aún más la polémica. En una situación de crisis institucional y social como la que se vivía en la ciudad, muchos consideran que la actitud más responsable habría sido regresar inmediatamente.
Por todo ello, cada vez son más las voces que consideran que De la Cuesta debería asumir responsabilidades políticas, incluso planteando su dimisión como concejal.
Al final, lo que deja esta tragedia es una sensación amarga. Mientras las investigaciones avanzan lentamente y todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, el bipartidismo ya ha convertido el desastre en un campo de batalla político.
PP y PSOE discuten sobre competencias, responsabilidades administrativas y titularidades de infraestructuras, pero la realidad es mucho más simple: seis jóvenes han muerto en una pasarela que aparentemente presentaba problemas y sobre la que existían avisos previos.
Y mientras unos miran al Ayuntamiento y otros al Gobierno central, nadie parece dispuesto a asumir responsabilidades reales.
En Santander, muchos ciudadanos empiezan a tener la sensación de que lo ocurrido en El Bocal no es solo una tragedia humana.
También es el retrato de una forma de hacer política en la que lo primero no son las víctimas, sino el relato.
