La alcaldesa, Gema Igual, ha anunciado hoy que, de manera inmediata, se pondrá en marcha este órgano, que va a aglutinar a los diferentes servicios y al frente del cual estará el secretario municipal, que, como habilitado nacional, garantiza la imparcialidad, la transparencia y la respuesta eficaz y con celeridad que requiere este asunto.
En este sentido, ha indicado que esta misma mañana la Junta de Gobierno Local aprobó la incoación de expediente disciplinario a la agente de la Policía Local que recibió la llamada del servicio de emergencias 112 en la que se alertaba del mal estado de la pasarela de El Bocal y del riesgo de caída a las rocas para quienes transitaran por ella.
Este expediente disciplinario se ha elaborado de acuerdo con los hechos y circunstancias recogidos en el informe emitido el pasado viernes por la Jefatura de la Policía Local.
No obstante, y de acuerdo con el principio de prioridad o prevalencia del procedimiento penal -según el cual, cuando unos mismos hechos pueden ser constitutivos de delito y a la vez de una infracción administrativa, el orden jurisdiccional penal tiene preferencia- procede suspender la tramitación de este expediente disciplinario hasta que exista una resolución judicial sobre el asunto.
El Consistorio, cuya personación en el caso que ha abierto la titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, ya se ha aprobado, remitirá al órgano judicial la información que le ha solicitado, que comprende la documentación que conste en el Ayuntamiento sobre el proyecto técnico de la obra ejecutada por la Demarcación de Costas en Cantabria; el estado administrativo de la misma; los convenios, acuerdos o comunicaciones que se hubieran suscrito relativos a la conservación, mantenimiento o explotación de la senda litoral; así como cualquier informe técnico relativo al estado de conservación o seguridad de la pasarela.
Por otro lado, el Ayuntamiento aclara que la colocación de barreras físicas en la pasarela de El Bocal ha sido realizada por personal municipal después de que la Policía Nacional así se lo requiriera a la Policía Local, en cumplimiento de las primeras diligencias dictadas por la autoridad judicial, en las que se ordena la adopción de medidas para evitar cualquier acceso a la misma.
