La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha lanzado una dura advertencia ante la inminente llegada del “tasazo de basuras” en 2026: su aplicación será injusta, desigual y jurídicamente insostenible si los ayuntamientos mantienen los criterios que están anunciando.
El presidente de UCC, Francisco Bautista, denuncia que muchos consistorios pretenden aplicar la tasa sin respetar el principio fundamental marcado por la Ley 7/2022 de residuos —“quien contamina paga”— y sustituyéndolo por fórmulas arbitrarias, como ligar el cobro al consumo de agua o al número de empadronados en cada vivienda.
UCC califica estos criterios de “meras suposiciones sin respaldo técnico” y los considera un ataque directo a familias y usuarios.
“¿Por qué debe pagar más una familia numerosa solo por usar más agua? ¿Qué tiene que ver eso con contaminar más?”, cuestionan desde la organización.
La entidad de consumidores asegura que estas ordenanzas incumplen la ley que dicen aplicar y, además, vulneran el principio constitucional de progresividad, básico en cualquier tributo en España.
Tampoco aceptan las bonificaciones previstas para colectivos vulnerables, a las que califican de “caridad encubierta” para intentar silenciar críticas: “Si la norma fuera justa, no haría falta tratar a los usuarios como menesterosos y obligarles a justificarse para no ser castigados”.
Ante este escenario, UCC anuncia que examinará una por una todas las ordenanzas municipales de Cantabria y actuará en defensa de los consumidores para frenar lo que consideran un abuso encubierto de tasa ambiental.
