La concentración celebrada este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Santander por vecinos de distintos municipios de Cantabria para protestar contra la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) terminó marcada por la polémica y la indignación tras la actuación del delegado del Gobierno, el socialista Pedro Casares, al permitir que un pequeño grupo de radicales antifascistas se acercara a escasos metros de las familias concentradas.
A la protesta acudieron vecinos principalmente de Castro Urdiales y Cartes, además de participantes llegados desde otros municipios de Cantabria. La movilización se había convocado para denunciar que se están implantando centros para MENAs en distintos puntos de la región sin información previa a los vecinos ni consulta a los ayuntamientos afectados.
Sin embargo, la situación se tensó cuando apareció un grupúsculo vinculado al movimiento antifascista que organizó una contramanifestación frente a los vecinos. Lo que más indignación ha provocado es que los mandos policiales permitieran que estos radicales se situaran prácticamente a escasos metros de las familias, pese a tratarse de una movilización que, según denunciaron los asistentes, ni siquiera había sido comunicada formalmente.
Los vecinos aseguran que los antifascistas acudieron con una actitud claramente provocadora, lanzando insultos y realizando gestos intimidatorios contra los asistentes. Varios testigos denunciaron además que algunos de estos radicales llegaron incluso a escupir a participantes en la protesta, entre ellos a menores que se encontraban junto a sus padres.
Para muchos de los presentes, lo ocurrido es consecuencia directa de la permisividad del delegado del Gobierno. Acusan a Pedro Casares de permitir que este tipo de grupos de extrema izquierda actúen con total impunidad, colocando además a familias y menores en una situación de tensión innecesaria.
“No se puede permitir que un puñado de radicales venga a provocar a vecinos que solo estaban defendiendo su derecho a protestar”, señalaban varios asistentes tras la concentración, visiblemente indignados.
Las críticas también se centraron en lo que consideran una doble vara de medir por parte del Gobierno central. Mientras se vigila con lupa cualquier movilización vecinal contra los centros de MENAs, denuncian que el movimiento antifascista —al que acusan de acumular episodios violentos a lo largo de los años— puede manifestarse y provocar sin apenas consecuencias.
Aunque finalmente no se produjeron enfrentamientos graves, lo ocurrido ha dejado un fuerte malestar entre los vecinos movilizados, que consideran que la Delegación del Gobierno no solo no garantizó un espacio seguro para su protesta, sino que permitió que radicales de extrema izquierda se acercaran deliberadamente para reventar la concentración. Muchos de ellos ya exigen explicaciones al delegado del Gobierno por lo sucedido.
