La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha trasladado su rechazo a participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocado este miércoles, 8 de abril, al considerar que la reunión vulnera el procedimiento legal establecido.
La consejera ha subrayado que la convocatoria incumple los requisitos formales al no respetar el orden del día previamente aprobado por la Comisión Sectorial, lo que invalidaría cualquier medida que se adopte en el seno de la misma.
«No podemos participar en una reunión que no respeta las normas básicas de funcionamiento de los órganos colegiados. El orden del día debe ser acordado previamente y no puede modificarse de forma unilateral», ha señalado.
Asimismo, el Gobierno de Cantabria ha lamentado que el Ministerio pretenda impulsar iniciativas como el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección sin el consenso necesario de las comunidades autónomas.
Un reparto sin planificación ni financiación suficiente
Más allá de las cuestiones formales, Cantabria ha manifestado su preocupación por el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados impuesto por el Gobierno de España.
El actual modelo de distribución se está llevando a cabo sin planificación, sin tener en cuenta la realidad de los recursos disponibles en cada comunidad autónoma y sin financiación suficiente», ha señalado la consejera, advirtiendo de que este enfoque dificulta una atención adecuada.
En este sentido, ha subrayado que no se puede proteger adecuadamente a un menor si se le traslada como si fuera mercancía, sin una evaluación individualizada de su situación ni la garantía de los fondos necesarios para su atención integral.
El Ejecutivo autonómico ha advertido que el sistema de protección en Cantabria, como en otras regiones, se encuentra colapsado, y rechaza que se impongan traslados sin dotación económica adecuada.
«No se puede garantizar el interés superior del menor si no se evalúa su situación individual ni se aseguran los recursos necesarios para su atención integral», subraya la consejera.
Defensa de las competencias autonómicas
El Gobierno de Cantabria ha recordado que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de asistencia social y protección de menores, y considera que estas decisiones del Ejecutivo central suponen una invasión competencial.
Asimismo, ha puesto de relieve la importancia de que los procedimientos de traslado de menores se realicen con todas las garantías, incluyendo la motivación suficiente de las decisiones y la evaluación individualizada de cada caso.
Garantía del interés superior del menor
El Ejecutivo cántabro insiste en que cualquier actuación en materia de infancia debe situar en el centro el interés superior del menor, evitando decisiones automáticas o generalizadas.
«Los menores no pueden ser objeto de decisiones administrativas sin un análisis individualizado de sus circunstancias personales, familiares y sociales», ha destacado la consejera.
Frente legal
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha reiterado su preocupación por el actual marco normativo y de gestión en materia de protección de menores migrantes no acompañados, al considerar que afecta a las competencias autonómicas y a la sostenibilidad del sistema de protección.
En este sentido, Cantabria ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, al entender que invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de asistencia social y protección de menores, además de comprometer el principio de autonomía financiera al imponer obligaciones de gasto no previstas.
Asimismo, el Gobierno autonómico ha recurrido ante la Audiencia Nacional distintos reales decretos estatales relacionados con la gestión de situaciones de contingencia migratoria y con la determinación de la capacidad ordinaria de los sistemas de protección autonómicos.
De forma paralela, se han presentado recursos contencioso-administrativos contra resoluciones de traslado de menores, al considerar que no se están garantizando las debidas motivaciones ni la evaluación individualizada de cada expediente.
En este contexto, el Gobierno de Cantabria insiste en que cualquier actuación en materia de traslados debe respetar el interés superior del menor, garantizar la seguridad jurídica y evitar procedimientos automatizados o sin suficiente fundamentación individualizada.
