El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha dictado una orden de detención contra el empresario vasco Alejandro Hamlyn, propietario del grupo Hafesa, por su implicación en una trama de corrupción vinculada al tráfico de información confidencial. Su nombre ya había aparecido en las grabaciones de Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, quien trató de captar su colaboración para conseguir datos comprometidos sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a cambio de hipotéticos favores judiciales.
Hamlyn estaba citado para declarar el pasado 24 de junio en un procedimiento donde se le investiga por haber sobornado presuntamente a un agente de la Policía Nacional con el fin de obtener información reservada. Sin embargo, no compareció.
Según consta en la resolución judicial, entre abril y noviembre de 2020, el empresario mantuvo una intensa relación con el agente Javier Luis Muñoz de Morales, quien le habría suministrado datos confidenciales no solo relativos a este procedimiento, sino también a terceras personas ajenas a la causa. A cambio, el policía habría recibido compensaciones económicas, según las pesquisas.
El magistrado detalla que Hamlyn podría haber incurrido en delitos de revelación de secretos, vulneración de la intimidad y cohecho activo. De hecho, la investigación ya ha identificado a 42 personas que habrían resultado perjudicadas por estas filtraciones.
Una excusa que no convence al juez
Para justificar su incomparecencia, Hamlyn alegó que reside actualmente en Emiratos Árabes y que no puede abandonar el país debido a una supuesta deuda de 30.000 dirhams (alrededor de 7.000 euros). Sin embargo, la Audiencia Nacional ha desestimado ese argumento, calificándolo de «excusa difícilmente sostenible desde un punto de vista lógico».
El juez subraya que, dada la capacidad económica del empresario, resulta poco creíble que una cantidad de esa envergadura suponga un impedimento real para desplazarse a España. Es más, considera que se trata de una maniobra deliberada para eludir su obligación de comparecer ante la justicia.
Con este auto, el procedimiento da un giro de relevancia, reforzando la línea de investigación que conecta las operaciones opacas de la red liderada por Leire Díez con sectores empresariales dispuestos a pagar por información sensible.
