En los últimos meses se ha acelerado el incremento de los precios de los recursos naturales, suministros y componentes utilizados en todo tipo de sectores.
El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una iniciativa avalada por los grupos que sustentan al Gobierno -Regionalistas y Socialistas- con el apoyo de Ciudadanos para rebajar 46 tasas y precios públicos para aliviar los efectos de la inflación por el incremento de los costes energéticos.
El orden del día de la sesión ha sumado 20 puntos, tras el aplazamiento de tres preguntas del Grupo Popular: una proposición de ley, una moción, tres proposiciones no de ley, dos interpelaciones y once preguntas agrupadas en tres bloques.
La Cámara ha aprobado también por unanimidad otras dos proposiciones no de ley. La primera, una iniciativa del Grupo Popular para que el Gobierno de Cantabria inste al Gobierno de España a crear, sin más dilaciones, el Registro Estatal de Profesiones Sanitarias que compete al Ministerio de Sanidad.
La segunda propuesta que ha contado con el voto favorable de todos los diputados ha sido una proposición no de ley del Grupo Ciudadanos para crear un fondo económico debidamente dotado para compensar los desajustes económicos actuales de los prestadores de servicios de dependencia que mantienen conciertos con el Gobierno de Cantabria. Así como modificar la Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales para incrementar proporcionalmente al aumento de costes de suministros y servicios los precios públicos que la Administración paga por plaza de dependencia.
El Grupo Ciudadanos fracasó –por 20 votos en contra y 11 a favor- en su intento de aprobar una moción para modificar la tabla de las indemnizaciones de daños causados por el lobo “para que estas sean más justas”, según la iniciativa propuesta que también contempla, entre otros aspectos, efectuar el pago de dichas indemnizaciones en un plazo no superior a 30 días desde que se registra la solicitud.
El Grupo Mixto tampoco consiguió el apoyo de la Cámara para que, antes de un mes, el Gobierno presente en el Parlamento un plan de acción “para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos” detectados en la auditoria de CANTUR. Así como instar al Gobierno a que habilite legalmente al interventor general para que comunique directamente al Ministerio Fiscal “las apariencias o indicios de irregularidad que se puedan encontrar o que presenten indicios racionales de criminalidad en esta auditoría”, reza el texto de la iniciativa. Su iniciativa fue rechazada por todos los grupos excepto el suyo propio, el Grupo Mixto.
Control al Gobierno
En el apartado de control al Gobierno, el diputado César Pascual del Grupo Popular ha interpelado al consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, sobre los planes para solucionar la ausencia de especialistas en el Hospital de Laredo. Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Cristóbal Palacio, ha hecho lo propio en relación al proyecto de instalación del helipuerto en el Hospital Valdecilla.
El pleno ha finalizado con once preguntas agrupadas en tres bloques. El diputado Íñigo Fernández del Grupo Popular ha pedido información sobre la instalación de parques de energía eólica marina en el Cantábrico y su impacto en los caladeros de pesca. El Grupo Mixto, por su parte, se ha interesado por el uso de la aplicación Contaláctea.
El pleno ha concluido con una batería de cuatro preguntas del diputado de Ciudadanos Félix Álvarez en relación a las ayudas y medidas para integrar a los refugiados ucranianos en Cantabria.
«PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CANTABRIA 9/1992, DE 18 DE DICIEMBRE, DE TASAS YPRECIOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española, en sus artículos 156 y 157.1, reconoce a las Comunidades Autónomas la autonomíafinanciera para el desarrollo y ejecución de sus competencias y establece los recursos propios de las mismas, habilitándolasen el artículo 133.2 para establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Estos recursos constituyen parte de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria en virtud de lodispuesto en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía para Cantabria y del artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 deseptiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.La Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores, aprobó la Ley 9/1992,de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos, estableciendo el régimen jurídico general aplicable a las mismas.
En los últimos meses se ha acelerado el incremento de los precios de los recursos naturales, suministros ycomponentes utilizados en todo tipo de sectores. Este incremento de precios en las materias primas ha generado un aumentonotable de los costes de producción que se ha traslado en última instancia a la inflación general de la economía.
Esta presióninflacionista ejerce un efecto negativo sobre la recuperación económica.
El aumento de la tasa de inflación, producida fundamentalmente por la subida de los precios energéticos, estáafectando en general a toda la ciudadanía y de manera especial a determinados sectores de actividad que ven mermadossus ingresos e incluso pueden afectar a su futura viabilidad empresarial.
Los sectores más afectados por la subida de los precios de la energía son aquellos que hacen uso más intensivo dela misma, y tienen una posición en el mercado que les imposibilita trasladar esta subida vía precios, sectores como eltransporte, la agricultura, la ganadería o la pesca.
Al objeto de conseguir los fines mencionados, se propone una modificación legislativa de la de la Ley 9/1992, de 18de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria, con el fin de establecer una bonificaciónde la cuota en las tasas, respecto a las tarifas que a continuación se relacionan y que afectan a las actividades empresariales





