Declara improcedentes siete despidos del Consejo de la Juventud

Mientras el Gobierno dice que recurrirá, López Marcano denuncia que los despidos “masivos, sectarios e indiscriminados» con esta nueva cifra han costado más de 3 millones “de momento”
El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha declarado improcedente el despido de 7 trabajadores del Consejo de la Juventud, ejecutado por el Gobierno de Cantabria tras decidir la desaparición de este órgano, y ha reconocido su derecho a percibir indemnizaciones por un importe total de 247.122,57 euros.
Así lo ha dado a conocer hoy el vicesecretario de Política Institucional y diputado del PRC, Javier López Marcano, quien ha asegurado que la política de despidos “masivos, sectarios e indiscriminados” que ha puesto en marcha en la Administración Pública el presidente regional, Ignacio Diego, “ha costado a los cántabros más de 3 millones de euros, de momento”.
De hecho, López Marcano ha augurado nuevas sentencias “con un gasto importantísimo para el erario público”, como la que acaba de hacer pública el Juzgado de lo Social, cuyo coste en indemnizaciones supera en casi 50.000 euros el presupuesto anual asignado al Consejo de la Juventud en el momento de su desaparición.
El fallo condena al Gobierno al considerar que existe “sucesión empresarial” con el Consejo, cuya supresión acordó mediante una ley que contempla la reversión de sus bienes y la continuación de su actividad a través de la creación de la Comisión de Participación de Jóvenes.
Según consta en la propia sentencia, “el objeto social viene a ser el mismo, la dirección empresarial y organizativa también, e incluso se contempla la incorporación de los bienes del organismo extinguido al patrimonio de la Comunidad Autónoma”, por lo que estima “suficientemente acreditado” que el Ejecutivo, a través de esa nueva comisión, “habría sucedido al Consejo de la Juventud de Cantabria, con las consecuencias legales pertinentes”.
Asimismo, recuerda que los siete trabajadores demandantes acudieron a trabajar el 2 de julio pasado y se encontraron el centro de trabajo cerrado, por lo que los considera objeto de “un despido tácito sin justificación”, ya que “no hubo carta de despido, ni comunicación alguna que les permitiera conocer las razones de este despido”. Y tampoco hubo “ofrecimiento o entrega de las consiguientes indemnizaciones”.
El Juzgado estima por todo ello las demandas de los siete empleados y condena al Ejecutivo a elegir entre su readmisión “en las mismas condiciones anteriores” y previo pago de los salarios de tramitación desde el 3 de julio, o bien a la indemnización por importe cercano a los 250.000 euros.
Esta sentencia es similar a otra que recientemente también condenó al Gobierno a indemnizar o readmitir a una trabajadora del Consejo de la Mujer, igualmente suprimido por ley. Además, hay otro empleado del Consejo de la Juventud que también presentó demanda y aún está a la espera de la resolución judicial.
“Una caza de brujas carísima”
Para López Marcano, la sucesión de despidos nulos e improcedentes e indemnizaciones que se ha producido en los últimos meses en la Comunidad Autónoma es “la confirmación evidente” del “enorme coste social y económico de la cruzada contra los trabajadores públicos” que mantiene el Gobierno del Partido Popular.
“La caza de brujas contra los trabajadores públicos iniciada año y medio nos sale carísima a los cántabros, del orden de 3 millones de euros”, ha lamentado.
El diputado regionalista ha condenado además “el oscurantismo y la falta de transparencia” que el Gabinete de Ignacio Diego mantiene sobre las consecuencias de dichos despidos, sobre las que él mismo ha presentado varias iniciativas parlamentarias que esperan respuesta desde el pasado mes de marzo.