Admite que las escuchas ilegales sin autorización judicial no son solo políticamente rechazables, sino «un delito con mayúsculas» cuya persecución corresponde a los tribunales.
Margarita Roblesha acudido a laComisión de Defensa del Congresopara presentar laBrújula Estratégicade la Unión Europea y, ciertamente, ha acabado perdiendo el rumbo. Ante la imposibilidad de desembarazarse de las arremetidas de los socios de Pedro Sánchez por lapolémica del espionaje, que tiene a la legislatura columpiándose en el alambre; la ministra ha optado este miércoles por un férreocierre de filas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI),encararse con Unidas Podemosante sus peticiones de dimisión, y porencender todavía más los ánimos del independentismoal comprobar cómo la responsable de Defensa ha vuelto a justificar que se pudieran realizar seguimientos en el fragor delprocés. «Los que somos demócratas sabemos que los delitos los deciden los que actúan conforme a derecho», ha arrancado de inicio para subrayar que en la UE saben que en España se actúa «solo con arreglo a la legalidad», y criticando que se atribuyan responsabilidades «con especulaciones, sin pruebas e imputando autorías».
Pero pronto ha salido a la palestra Pegasus, «la palabra prohibida», le ha espetado la dirigente de la CUP,Mireia Vehí, pese a recibir la reprobación del presidente de la Comisión,José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, que ha solicitado de forma infructuosa que los portavoces se atuvieran al motivo de la comparecencia de Robles. Imposible, le han conminado, ya que lo que acontece»no es un escándalo de seguridad sino político».
La ministra no se ha movido un centímetro de su argumentario y dice estar «particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres» que trabajan en el CNI, reivindicando el Estado español como «un país con instituciones serias y fiables» pero en el que ella misma ha denunciado ser espiada. En este amparo a los servicios secretos incluye a su directora,Paz Esteban, por «aguantar estoicamente» imputaciones que, a su juicio, «no se corresponden con la realidad». «El CNI tiene un deber de secreto y es cómodo que alguien diga que el CNI ha hecho algo», ha pronunciado la dirigente socialista, quien se ha refugiado en que serán los tribunales de justicia los que diriman las responsabilidades y, por ende, anima a acudir a ellos a todo el que piense que ha sido víctima de un delito.
Obviando los ruegos de dimisión procedentes, entre otros, desde Podemos y ERC, Robles se ha jactado de ser una «servidora pública» que cree en la Justicia y la presunción de inocencia. Con ello, admite que las escuchas ilegales sin autorización judicial no son solo políticamente rechazables, sino «un delito con mayúsculas» cuya persecución corresponde a los tribunales. Ahora bien, a su entender,»aquí algunos quieren un escándalo porque les viene bien para tapar otras cuestiones».
Ante las acusaciones que ha recibido el Gobierno de haber creado una cortina de humo y hacer un gran teatro con elespionaje sufridopor el presidentePedro Sánchezy la ministraMargarita Robles, la defensa está clara: no es tal y se revela ahora porque precisamentegracias al ‘caso Pegasus’ de los independentistasvascos y catalanes, se ha podido conocer.
Según este relato, tras publicarse en la prensa extranjera el caso de presunto espionaje a los activistas y líderes politicos catalanes y vascos, en el Ejecutivo se comenzó a sospechar de alguna posible intrusión en los móviles y Sánchez puso a disposición de los servicios de inteligencia nacionales su terminal. Lo mismo hizo la ministra Robles. Y así fue: ambos habían sufrido intrusiones en la primavera 2021, 3 en total.
Es el mismo tipo de intrusión que había afectado a otros lídereres europeos como el francésEmmanuel Macrono el británicoBoris Johnson, entre otros. El Gobierno dice que por entonces no sospechó ser víctimas al no tener evidencias de ello, lo que le ha valido más críticas en caso de ser cierto, ya que se considera una imprudencia.
Ahora, según anunciaron el ministro de la Presidencia,Félix Bolaños, y la portavoz del Ejecutivo,Isabel Rodríguez, la investigación se extenderá al resto de terminales de los miembros del Gobierno.
El Gobierno defiende que no es un montaje para victimizarse ante la ofensiva de la respuesta catalana, que amenaza con dinamitar la legislatura al acusar al Estado español de espionaje político.
De hecho, el Ejecutivo afirma que fueen los últimos días cuando se tuvo constanciade las escuchas al presidente y la ministra, pero que no se pudo confirmar hasta este domingo gracias a los informes del Centro Criptológico Nacional. Y que todo se debió precisamente ante la sospecha de que al igual que otros líderes nacionales pudieron ser espiados, los miembros del Gobierno central también podrían haber sufrido intrusiones ilegales. Se entienden ahora algunas de las palabras de Robles en la tensa sesión del Congreso, cuando se defendió frente a los independentistas asegurando que «algunos se tendrán que callar» cuando se conocieran algunos datos. Podría haber sido un adelanto de lo que ahora se ha conocido.
No se descarta queotros miembros del Gobierno hayan sido espiadosy se asegura categóricamente que las investigaciones son con fecha posterior a conocerse el escándalo de Pegasus en los móviles de los líderes independentistas. ‘El País’ afirma este martes que la por entonces ministra de Exteriores,Arancha González Laya, también habría sido víctima de espionaje en mayo de 2021. El ministro Bolaños de momento no lo confirma, según dijo hoy en una entrevista en la ‘Cadena SER’, pidiendo tiempo para finalizar los informes de inteligencia.
Desde Moncloa no se quiere poner nombre y apellidos a los posibles autores del espionaje, ni se especula con sunacionalidad y origen. Tampoco se quiere ligar de forma segura al espionaje sufrido por los independentistas, pero las especulaciones giran en torno aqué sucedía en mayo-junio de 2021para que fueran espiados el presidente y la ministra de Defensa.
Se cree que por entonces, tras el cambio de poder en la Generalitat de Cataluña, la reanudación de los diálogos con los independentistas pudo ser objeto de interés para los autores del espionaje. Además, se estabangestionando los indultosconcedidos a los líderes presos del ‘procés’ separatista.
Tampoco se olvida que por entonces había surgido unacrisis migratoria en Ceuta y Melillapor la tensión conMarruecosy que este país siempre ha estado bajo sospechas.
